Las bromas de ‘Pedrín’

EL pasado 3 de octubre, un fiscal de Barcelona, de nombre Juan Carlos Padín, rechazó abrir diligencias por las brutales cargas policiales con que el Gobierno de España intentó impedir el referéndum convocado el 1 de octubre en Catalunya.
La actuación de las fuerzas de seguridad, que fue unánimemente criticada en toda Europa, no fue a juicio del tal Padín un ejercicio violento ni alteró la normal convivencia ciudadana porque solo se produjeron en aquellos incidentes 884 heridos.
En consecuencia, el impacto sobre la población que se movilizó para votar fue solo del 0,0037%.
Entre las víctimas, solo uno padeció lesiones graves por lo que en su caso la violencia policial extrema solo afecto al 0,000042% de los votantes.
Esta sucesión de majaderías, que figuran para vergüenza de su autor en un documento oficial, se produce en el mismo país en el que el reiteradamente presentado como “fino jurista” Pablo Llarena, analizando inexistentes manifestaciones de violencia que han producido cero heridos y afectado al 0,000000% de la ciudadanía de Catalunya, trata de presentar como una asonada violenta una expresión más o menos afortunada de disidencia política conducida por cauces pacíficos.
El propio redactor del tipo delictivo de rebelión que figura en el Código Penal ha manifestado repetidamente que los supuestos allí recogidos no tienen nada que ver con lo ocurrido en Catalunya.
Centenares de especialistas, incluidos exmiembros de los tribunales Supremo y Constitucional han advertido igualmente sobre la desmesura, fantasía, arbitrariedad y falta de rigor con que se está instruyendo esta causa.
Pero todos estos puntos de vista ocupan espacios residuales en los principales medios estatales empeñados en una cruzada que, como ya ocurriese en la campaña de las elecciones vascas de 2001, está rebasando todas las normas deontológicas conocidas para entrar de pleno en el territorio del ridículo.
ESCANDALIZADOS 
Por eso aquella victoria de Ibarretxe sorprendió tanto en España como sorprende ahora que la prensa internacional se escandalice cuando compara lo que en sus códigos penales es un delito de rebelión con la calificación penal que se está tratando de aplicar al procès.
Sus promotores han sido transparentes respecto a sus objetivos y fines, han impulsado una cadena de movilizaciones populares masivas y no solo pacíficas sino abiertamente lúdicas y festivas.
Igualmente, han reiterado que expresamente rechazan la violencia y su utilización con fines políticos.
Y por supuesto no se ha podido acreditar conducta individual ni concertación alguna para impulsar actividades violentas en favor de su causa.
Y mucho menos utilización de armas o explosivos en actividad alguna.
Así, los autos de Llarena se critican en Europa como lo que son: una auténtica novela sin contacto alguno con la realidad y menos aún con los principios más elementales del derecho penal.
La viñeta que acompaña este artículo, recogida del suizo Le Temps por Político (sin duda hoy el medio más influyente en las instituciones europeas), pone en su sitio a este magistrado;pero además retrata sin piedad a los irresponsables que le ríen las gracias y a los publicistas que acuñan los lamentables eslóganes con que se contextualizan y explican estas auténticas chapuzas y se alimentan los argumentarios que tertulianos y los autodenominados constitucionalistas repiten si cesar para escándalo de cualquier persona con una mínima capacidad de análisis.
Porque hasta el menos avispado es capaz de encontrar por lo menos siete diferencias de grueso calibre entre Tejero y Puigdemont.
La euroorden de Llarena ya ha fracasado en Suiza, encalló hace meses en Bélgica, está cosechando algo más que un aluvión de críticas en el Reino Unido y ha sido recibida con indisimulado estupor por la prensa alemana.
Así, ha generado ya un enorme descrédito del sistema judicial español en la opinión pública europea.
Una mirada injusta porque la mayoría de los jueces también padecen las arbitrariedades que caracterizan a buena parte de su cúpula.
Baste recordar, por ejemplo, que la última sentencia del Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo contra España castiga la actuación aprofesional del Tribunal Supremo por corregir una condena por torturas que la Audiencia de San Sebastián impuso al equipo de la Guardia Civil que “interrogó” a los autores del criminal atentado contra la T-4.
Entre los firmantes de aquella decisión del TS figura el máximo defensor de otra jurisprudencia, la conocida como doctrina Parot, que produjo una de las sentencias más duras y previsibles que uno recuerda de entre las emitidas por la citada corte internacional.
No lo van a creer, pero este magistrado ha sido promovido a fiscal general del Estado
LOS ‘SALVAPATRIAS
En definitiva, la visión sobre Democracia y Libertades vuelve a separar la piel de toro de Europa.
Y quien aquí se nos presenta como una suerte de intrépido y agudo Capitán Trueno que a base de poder, imaginación y gónadas viene “salvando la patria” de un “golpe de Estado” allí recuerda mucho más a Pedrín, aquel muchacho, “ocurrente flecha” que, amparado en los potentes bíceps del sin par Roberto Alcazar y la finezza propia de la época en que este incalificable cómic vivió su máximo esplendor, aporreaba entre carcajadas a individuos indefensos.
Sus ocurrencias apoyaban las sesudas deducciones de su simpar jefe porque “espabilaban” o “liquidaban”, según cuadrase, a chinos, feos, dudosos, invertidos, negros, indios o víctimas de cualquier otro error moral o genético propio de extranjeros o malos españoles.
Un bromista el tal Pedrín, oiga.
Eficaz, majete y graciosillo.
Como el que acaba de afirmar en nombre del gobierno de España que nueve condenas internacionales por no investigar torturas son una nadería.
Pero no se alarmen.
Siempre les quedará un progresista de linaje como Arturo Pérez Reverte dispuesto a escribir un remake de la Canción del Pirata con el Llareno Solitario como protagonista mientras reclama al gobierno que, de una vez, ponga firme a la prensa internacional claramente influida por una conspiración judeo-masónica.

Jon Gurutz Goicochea

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