Las bromas de ‘Pedrín’
EL pasado 3 de octubre, un
fiscal de Barcelona, de nombre Juan Carlos Padín, rechazó abrir diligencias por
las brutales cargas policiales con que el Gobierno de España intentó impedir el
referéndum convocado el 1 de octubre en Catalunya.
La actuación de las fuerzas de
seguridad, que fue unánimemente criticada en toda Europa, no fue a juicio del
tal Padín un ejercicio violento ni alteró la normal convivencia ciudadana
porque solo se produjeron en aquellos incidentes 884 heridos.
En consecuencia, el impacto sobre la
población que se movilizó para votar fue solo del 0,0037%.
Entre las víctimas, solo uno padeció
lesiones graves por lo que en su caso la violencia policial extrema solo afecto
al 0,000042% de los votantes.
Esta sucesión de majaderías, que
figuran para vergüenza de su autor en un documento oficial, se produce en el
mismo país en el que el reiteradamente presentado como “fino jurista” Pablo
Llarena, analizando inexistentes manifestaciones de violencia que han producido
cero heridos y afectado al 0,000000%
de la ciudadanía de Catalunya, trata de presentar como una asonada violenta una
expresión más o menos afortunada de disidencia política conducida por cauces
pacíficos.
El propio redactor del tipo delictivo
de rebelión que figura en el Código Penal ha manifestado repetidamente que los
supuestos allí recogidos no tienen nada que ver con lo ocurrido en Catalunya.
Centenares de especialistas, incluidos
exmiembros de los tribunales Supremo y Constitucional han advertido igualmente
sobre la desmesura, fantasía, arbitrariedad y falta de rigor con que se está
instruyendo esta causa.
Pero todos estos puntos de vista
ocupan espacios residuales en los principales medios estatales empeñados en una
cruzada que, como ya ocurriese en la campaña de las elecciones vascas de 2001,
está rebasando todas las normas deontológicas conocidas para entrar de pleno en
el territorio del ridículo.
ESCANDALIZADOS
Por eso aquella victoria de Ibarretxe
sorprendió tanto en España como sorprende ahora que la prensa internacional se
escandalice cuando compara lo que en sus códigos penales es un delito de
rebelión con la calificación penal que se está tratando de aplicar al procès.
Sus promotores han sido transparentes
respecto a sus objetivos y fines, han impulsado una cadena de movilizaciones
populares masivas y no solo pacíficas sino abiertamente lúdicas y festivas.
Igualmente, han reiterado que expresamente rechazan la
violencia y su utilización con fines políticos.
Y por supuesto no se ha podido
acreditar conducta individual ni concertación alguna para impulsar actividades
violentas en favor de su causa.
Y mucho menos utilización de armas o
explosivos en actividad alguna.
Así,
los autos de Llarena se critican en Europa como lo que son: una auténtica
novela sin contacto alguno con la realidad y menos aún con los principios más
elementales del derecho penal.
La viñeta que acompaña este artículo,
recogida del suizo Le Temps por Político (sin duda hoy el medio más influyente
en las instituciones europeas), pone en su sitio a este magistrado;pero además
retrata sin piedad a los irresponsables que le ríen las gracias y a los
publicistas que acuñan los lamentables eslóganes con que se contextualizan y explican estas
auténticas chapuzas y se alimentan los argumentarios que tertulianos y los
autodenominados constitucionalistas repiten si cesar para escándalo de
cualquier persona con una mínima capacidad de análisis.
Porque hasta el menos
avispado es capaz de encontrar por lo menos siete diferencias de grueso calibre
entre Tejero y Puigdemont.
La euroorden de Llarena ya ha
fracasado en Suiza, encalló hace meses en Bélgica, está cosechando algo más que
un aluvión de críticas en el Reino Unido y ha sido recibida con indisimulado
estupor por la prensa alemana.
Así, ha generado ya un enorme
descrédito del sistema judicial español en la opinión pública europea.
Una mirada injusta porque la mayoría
de los jueces también padecen las arbitrariedades que caracterizan a buena
parte de su cúpula.
Baste recordar, por ejemplo, que la
última sentencia del Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo contra
España castiga la actuación aprofesional del Tribunal Supremo por corregir una
condena por torturas que la Audiencia de San Sebastián impuso al equipo de la
Guardia Civil que “interrogó” a los autores del criminal atentado contra la
T-4.
Entre los firmantes de aquella
decisión del TS figura el máximo defensor de otra jurisprudencia, la conocida
como doctrina Parot, que
produjo una de las sentencias más duras y previsibles que uno recuerda de entre
las emitidas por la citada corte internacional.
No lo van a creer, pero este
magistrado ha sido promovido a fiscal general del Estado
LOS
‘SALVAPATRIAS
En definitiva, la visión sobre Democracia
y Libertades vuelve a separar la
piel de toro de Europa.
Y quien aquí se nos presenta como una
suerte de intrépido y agudo Capitán Trueno que a base
de poder, imaginación y gónadas viene “salvando la patria” de un “golpe de
Estado” allí recuerda mucho más a Pedrín, aquel muchacho, “ocurrente flecha”
que, amparado en los potentes bíceps del sin par Roberto Alcazar y la finezza propia
de la época en que este incalificable cómic vivió su máximo esplendor,
aporreaba entre carcajadas a individuos indefensos.
Sus ocurrencias apoyaban
las sesudas deducciones de su simpar jefe porque “espabilaban” o “liquidaban”,
según cuadrase, a chinos, feos, dudosos, invertidos, negros, indios o víctimas
de cualquier otro error moral o genético propio de extranjeros o malos
españoles.
Un bromista el tal
Pedrín, oiga.
Eficaz, majete y
graciosillo.
Como el que acaba de
afirmar en nombre del gobierno de España que nueve condenas internacionales por
no investigar torturas son una nadería.
Pero no se alarmen.
Siempre les quedará un progresista de linaje como Arturo Pérez Reverte
dispuesto a escribir un remake de la Canción del Pirata con el Llareno
Solitario como protagonista mientras reclama al gobierno que, de una vez, ponga
firme a la prensa internacional claramente influida por una conspiración
judeo-masónica.
Jon Gurutz Goicochea
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