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De entre todos los poderes del estado, sin duda alguna el que menos simpatías suscita en los españoles es la Administración de Justicia. Raro es el día que los jueces y tribunales no nos sorprenden con alguna arbitrariedad, algún escándalo; el penúltimo ha sido el affaire del Tribunal Supremo de España. En una sentencia de 16 de octubre, la Sala Tercera del Tribunal Supremo modifica su jurisprudencia anterior e, interpretando el texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y su reglamento, concluye que no es el cliente el sujeto pasivo de este último impuesto en las escrituras notariales de hipotecas (como aquella jurisprudencia sostenía) sino la entidad que presta el dinero, o sea, el banco… Acto seguido, tres días después (lo cual nunca había ocurrido hasta la fecha) el propio tribunal deja en suspenso la sentencia, apoyándose en la “enorme repercusión económica y social” de la misma. En suma: donde dije digo, dig

En el CGPJ, sin leyes polémicas sobre las que informar, ni plazas a adjudicar por las que tengan que pelear las asociaciones de jueces, rige la pax Lesmes “A los jueces nos duele escuchar que esa justicia en la que creemos y por la que trabajamos no es independiente, que está politizada, que son los partidos políticos los que dirigen la acción de los jueces. Estas afirmaciones, reiteradas durante años por opinadores de todo tipo…, no se ajustan a la verdad” . Los discursos, como los deseos de las  misses,  siempre están llenos de buenas intenciones, y todos los que asisten a este tipo de celebraciones están acostumbrados a oír proclamas similares como un mantra ritual. Pero seguro que a alguna de las autoridades presentes, civiles o militares, en el solemne acto de Apertura del Año Judicial el pasado mes de septiembre, en el Tribunal Supremo, le chocó escuchar ese canto a la independencia precisamente en boca del presidente de la institución y del Consejo General del Poder Ju

Hasta la fecha el sufrido contribuyente español se ha visto abocado a rescatar bancos y concesionarios de autopistas varios, pero no se había dado el caso hasta el momento de que se nos pidiera que rescatáramos a un juez. Sin embargo, eso es exactamente lo que está sucediendo. El magistrado Llarena, con el dudoso apoyo de su amigo Lesmes, el amo del calabozo del CGPJ, pretende que se utilice dinero público para pagar la representación legal de Pablo Llarena en un pleito civil en Bruselas y, además, que en caso de que éste se pierda y sea condenado, se utilice el dinero de todos para pagar la indemnización, que sería simbólica, y hacer frente a las costas, que no lo serían tanto. Ya saben, era esa demanda civil presentada por Puigdemont y los ex consellers Serret, Comin, Puig y Ponsatí de protección del honor por manifestaciones privadas realizadas por el magistrado en conferencias (patrocinadas por BMW, en FAES y en universidades de verano) en las que se habría vulnerado su d