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El recuerdo de todo el progreso que trajo la II República Democrática de los Trabajadores ha sido vilmente emponzoñado por la dictadura franquista y sigue siéndolo por sus hijos y herederos, aunque disfrazados de demócratas.  Bastaron doce días desde la proclamarse la República para que se firmara con toda solemnidad el fin del  servicio militar  obligatorio al Rey para defender su finca, que era España. En su lugar se creó un servicio voluntario en el que cada soldado cobraría una  peseta  diaria y recibiría un panecillo, llamado chusco. Además, también se creó una milicia denominada de “voluntarios de la República”. La prima de enganche era de cincuenta pesetas y su salario dos pesetas y un chusco diario.  Hoy, donde el servicio militar obligatorio suena a historia medieval y los ignorantes consideran que Aznar fue un progresista al suspenderlo, ¡porque le faltó cuajo para eliminarlo, como si hizo la I República, no está de más recordar la inmensa servidumbre que signifi

La   Plataforma por la Libertad de Información (PDLI)   ha dedicado los últimos días a explicar, a través de su perfil de Twitter, por qué la sentencia que ha condenado al rapero Valtonyc a tres años y medio de cárcel por el contenido de las letras de sus canciones constituye una clara   vulneración de los Derechos Fundamentales   y es contraria a los principios internacionales sobre libertad de expresión a los que España está sujeta. Las respuestas de la   PDLI   a estas   interpelaciones   constituyen una ‘guía de emergencia’ para entender dónde se establecen los límites aceptables a la libertad de expresión, según el Derecho Internacional y los acuerdos sobre Derechos Humanos que obligan a España: ·          “Estamos hablando de un zafio, un fanático atroz que llama a una multitud a “matar a un puto guardia civil” y a “poner una bomba lapa a un fiscal”. Y lo hace en un discurso, no es la letra de una canción… ¿Queréis defenderle? Adelante. Yo, desde luego, no” No defendemo