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Hemos conseguido una sociedad en la que todo el mundo pretende que la policía o los jueces castiguen cualquier expresión. Eso no nos protege, sino que nos fragiliza y pone en manos del poder un arma represiva, además de conculcar un derecho básico. Como han denunciado diversos organismos, entre ellos la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, vivimos en una situación excepcional, por lo antidemocrática, en lo que se refiere a la situación de la libertad de expresión en España. Raperos en la cárcel, activistas pacíficos juzgados por enaltecimiento del terrorismo, gente en la Audiencia Nacional por un tuit o por hacer la parodia de una procesión y gente juzgada por determinadas opiniones políticas que el Ministerio del Interior califica de “odio”. La aprobación de la Ley Mordaza supuso consagrar una espiral represiva y sancionadora de la libertad de expresión que llevaba tiempo gestándose con sucesivas reformas del Código Penal que han ido, poco a poco, acotan