¿Puede España financiar las nuevas demandas sociales?
La "coronacrisis" ha provocado una fuerte presión social para que el Estado alivie los efectos económicos, sanitarios y sociales que se derivan de ella. No solo han aumentado las demandas sociales, sino que la inmensa mayoría de los ciudadanos consideran legítimas y necesarias muchas de esas peticiones. En la lista figura la contratación de más profesionales sanitarios y la mejora de sus condiciones retributivas, la concesión de ayudas directas a personas dependientes, ordenadores para niños de familias más desfavorecidas, el ingreso mínimo vital, la prolongación de los ERTE. Y muchas más que me dejo en el tintero. Otros colectivos, especialmente las empresas y los autónomos, exigen que su carga impositiva se reduzca sustancialmente para poder subsistir. Necesitan, por ejemplo, reducir las cotizaciones sociales para limitar las pérdidas o un IVA más reducido para intentar compensar en parte la importante caída de las ventas que han sufrido. No atender a estas solicitudes