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La Constitución Española declara la indivisibilitat i la indissolubilitat de la “Nació”. En el Congrés Constituent, dos diputats i dos senadors van proposar l’expressió “Estat plurinacional” i, encara més, una esmena demanava incloure el “dret a l’autodeterminació per part de nacionalitats i/o regions”. No va prosperar res d’això i, finalment, el text declara la indissoluble unitat de la nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols, i garanteix el dret a l’autonomia de les nacionalitats i regions. Indivisible i indissoluble, en prenem nota. El text es va aprovar per gran majoria al Congrés i al Senat. La “nació de nacions” o l’“Estat plurinacional” és quelcom rarament esmentat, l’actual cap del govern central hi al·ludia en més d’un discurs; ara ho ha descartat i s’ha passat a la defensa de la unitat sense costures. De nació de nacions, res: la Constitució nega el terme “nació” als pobles que ho són ( sobretot el català) i el supleix per l’abstracte

Juan Carlos I fue proclamado rey el 22 de noviembre de 1975, tras la muerte de Francisco Franco, de acuerdo con la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947. El 6 de diciembre de 1978 el pueblo español aprobó la "sagrada"constitución cuando hacia 3 años que Juan Carlos I reinaba por la gracia de Franco. Recuerden que Juan Carlos I juró lealtad a Franco el 22 de julio de 1969, 6 años antes de que muriera el golpista dictador. Su solemnes palabras fueron: "lealtad a su excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás leyes fundamentales del Reino". El problema es que sobre el juramento la gente se confunde porque creen recordar que "alguien" juró la constitución... Ese alguien fue su hijo Felipe (el actual rey) que así lo hizo el 30 de enero de 1986 al cumplir la mayoría de edad Y más tarde cuando heredó el cargo de su padre (19 de junio de 2014) con estas frase: "juro desempeñar fiel

Regreso al referéndum de 1978. ¿Dónde están los ciudadanos? La monarquía había sido impuesta antes de la convocatoria de las Cortes Constituyentes para que un parlamento no deseado no pudiera poner en duda la supervivencia de la Corona. Sostengo que la afición que tenemos en España por idear reformas exprés de la Constitución sin participación ciudadana proviene de la falta de calor humano que acompañó el nacimiento de la Constitución en 1978. Ni los balcones se llenaron de banderas constitucionales, ni las urnas de papeletas para celebrar su llegada a un territorio casi virgen en experiencias democráticas. No es que la frialdad alcanzara las bajas temperaturas que registró el Referéndum de ratificación de la Constitución Europea cuando batimos el récord de abstención de la democracia española, pero el escaso entusiasmo fue una de las notas fundamentales que caracterizaron el primer contacto ciudadano con la Constitución que habían elaborado sus lejanísimos representantes.

Entre el constitucionalismo nacido del régimen del 78 y la soberanía nacional se ha dado un matrimonio de conveniencia que justifica con grandes alharacas los aciertos y el progreso de nuestra sociedad y esconde bajo el felpudo sus desaciertos y debilidades El derecho constitucional se ocupa de las constituciones existentes y su tarea principal es determinar lo que las cartas magnas permiten o prohíben. Los constitucionalistas se ocupan de explicar por qué las constituciones son como son. Son, junto con los altos magistrados, los  “oráculos”  que nos dicen qué está bien y qué está mal. A veces, sin embargo, estos  “augures”  nos engañan interesadamente, y presentan la Constitución existente como la única posible. El fraude puede darse respecto a cualquier texto constitucional, pero parece evidente que la discusión actual está en relación con la Constitución española de 1978 y un Código Penal que se estira como un chicle, si a nuestros  “adivinos”  les interesa. Quizás l

Quien propone el candidato y decide el día de la celebración del pleno de investidura es el presidente del Parlament. Nadie más que él tiene autoridad para hacerlo. Y nadie puede impedir que su decisión se materialice. Lo único que exigen la Constitución y el Estatuto de Autonomía es que el candidato que proponga sea diputado electo y que no esté privado por sentencia judicial firme del derecho de sufragio. Siendo así, nadie puede impedir que el candidato propuesto acuda al pleno de investidura. Cuando el candidato propuesto está sometido a una medida cautelar como es la prisión incondicional, el presidente del Parlament tiene que dirigirse al juez que ha ordenado dicha medida cautelar no para que autorice que el candidato pueda acudir a la sesión de investidura sino para requerirle que disponga lo que sea necesario para que el candidato pueda acudir. El juez no tiene autoridad ninguna en este asunto. El único que tiene autoridad es el presidente del Parlament. El juez est

Sí, ya saben, ese rollo macabeo que nos arrojan a la cara los Borbones, año tras año, desde que en  1976  Juan Carlos I nos recordara la humanidad, la bondad y las enormes cualidades del dictador que inundó nuestras tierras de cunetas y fosas, nuestras calles de sangre y nuestro país de cuarenta años de tinieblas y atraso. Y aunque no lo veo ni lo escucho, porque ya he comentado antes que la cosa es más densa y asfixiante que cuatro polvorones en la boca, no me queda otra que leerlo. Momento en el que llega la peor de las indigestiones de estas fechas, la de volver a constatar que Felipe VI es el rey de los corruptos y el amigo de los criminales. Pensarán algunos, los que todavía siguen medicándose en este nuestro psiquiátrico con El País, El Mundo, Televisión Española, Antena 3 o Telecinco, que la cosa va de exagerar o de atizar al muñeco por divertimento. No es así. Sobre todo lo rumiarán porque los telepredicadores son unánimes, como siempre lo han sido, en lo acertado