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En España, los derechos fundamentales son tutelados por la justicia ordinaria, esto es, todos los órganos del poder judicial, desde el juzgado de instrucción y primera instancia hasta el Tribunal Supremo. Si se considera que en su función de garantizar nuestros derechos los jueces o magistrados no han ponderado correctamente los elementos normativos en juego, la persona afectada, después de agotar todas las vías judiciales previas, podrá interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional entrará a estudiar el asunto si considera que este reviste especial relevancia constitucional, lo que, para entendernos, significa que presenta cuestiones novedosas, especialmente problemáticas por la gravedad de la situación o por sus consecuencias, o si puede requerir un cambio de rumbo jurisprudencial. La decisión del Tribunal Constitucional pone fin al sistema de tutela de los derechos fundamentales interno. Sin embargo, como España es parte del