Primer aniversario del 1-O: Amnistía denuncia la pasividad de la Fiscalía para investigar las cargas policiales
El próximo lunes se cumple el primer aniversario de la consulta catalana del 1
de octubre y, desde la política, la
fecha es motivo de celebración.
Así lo expresó esta misma semana el president de la
Generalitat, Quim Torra, que manifestó a través de su perfil de Twitter que
desea que este día sea "fiesta nacional" porque fue un "punto de
no retorno" en su "camino a la independencia".
En el lado opuesto se encuentra Amnistía
Internacional que, un año después, vuelve a denunciar la actitud pasiva de la Fiscalía General del Estado a la hora de investigar los "abusos
policiales" presuntamente cometidos por los agentes que desalojaron los
colegios electorales.
"Un año después, aún queda mucho camino por recorrer en la investigación de los abusos policiales.
Los pasos positivos que se han dado siguen dependiendo de las víctimas y de los
juzgados a cargo de las investigaciones, sin que la Fiscalía haya asumido el rol activo que le corresponde", aseguró Esteban
Beltrán, director de Amnistía Internacional, según el comunicado que hizo
público este viernes la organización.
Concretamente, desde Amnistía informan que
actualmente están trabajando en tres casos: el de Alejandra Rayas, que esperaba "pacíficamente" para votar en una escuela de
Barcelona cuando la Policía Nacional "la golpeó en la cara y el cuello sin
razón aparente"; el de Roger
Español, que perdió un ojo tras ser golpeado por una
pelota de goma lanzada por un agente; y los sucesos de Aiguaviva, donde la policía empleó gases lacrimógenos, según
denunciaron los propios vecinos.
Este último suceso, no obstante, está siendo
investigado por un juzgado de instrucción de Girona.
Ha habido avances, sí, pero la Fiscalía continúa
sin actuar. "A Amnistía Internacional le preocupa la falta de iniciativa
de la Fiscalía, ya que un año después no ha
solicitado la práctica de ninguna diligencia de investigación dirigida al esclarecimiento de los posibles
abusos cometidos", expresa la organización que, por otro lado, ya denunció
la actitud del Ministerio Público en el mes de mayo.
A través de un informe, Amnistía lamentó el "desinterés,
obstrucción y falta de colaboración" de
la institución, que torpedeaba la investigación de los posibles
abusos, denunciados el
mismo 2 de octubre.
Constataron que tanto la Guardia Civil como la
Policía Nacional "usaron de forma excesiva y
desproporcionada la fuerza contra
personas que pasivamente se resistían en la calle y a la puerta de centros de
votación".
Solicitaron, por ello, una "investigación imparcial, exhaustiva, independiente y efectiva sobre todas las denuncias de uso excesivo de
la fuerza" que interpusieron algunos ciudadanos.
Ni en mayo ni ahora ha habido ningún tipo de
avance.
Ni por parte de la Fiscalía ni por parte del
Ministerio del Interior.
Amnistía critica, igual que también hizo en mayo,
la falta de colaboración de la institución ahora dirigida por Fernando
Grande-Marlaska.
Según la organización, "está colaborando con
los juzgados de instrucción", pero "falta
aportar información relevante". "Es
obligación del Ministerio del Interior mantener una colaboración decidida con
los tribunales encargados de investigar el uso excesivo de la fuerza por parte
de miembros de las fuerzas de seguridad, sin dilaciones
indebidas y con todo el detalle
disponible que permita el esclarecimiento de los hechos", insiste Beltrán.
Ni entrega la información necesaria ni inicia investigaciones internas.
La organización denuncia continuar sin tener
conocimiento sobre si el Ministerio ha abierto diligencias propias para
esclarecer estos sucesos, "algo que debería hacer para determinar la
responsabilidad institucional e identificar cuáles son las medidas
disciplinarias, administrativas o de otro tipo que se deben tomar para
garantizar que estas violaciones de derechos humanos no se repitan",
asegura Amnistía
La misma actitud que, según denunció la ONG, tuvo
la institución cuando era el conservador Juan Ignacio Zoido quien
estaba al frente.
Este, además, realizó varias declaraciones
exculpatorias hacia los agentes de los dos cuerpos. Según repitió, los
responsables de las cargas policiales fueron los propios organizadores.
Por último, Amnistía denuncia también el archivo de varias denuncias por parte del juzgado de instrucción
encargado de la investigación de los operativos desplegados en Barcelona.
"En algunos de estos casos, las investigaciones se han cerrado por la
falta de material audiovisual", en otros, "y pese a reconocerse la
existencia de hechos posiblemente constitutivos de uso excesivo de la fuerza,
se han cerrado por la imposibilidad de identificar a los agentes", informa
la ONG.
Otras, fueron archivadas porque el juez consideró
que la fuerza fue "proporcionada".
La Conselleria de Salud cifró entonces en 1.066 el número de personas atendidas con motivo de las cargas policiales: 991 en el día del referéndum y 75 en los días posteriores a consecuencia de las lesiones producida
La Conselleria de Salud cifró entonces en 1.066 el número de personas atendidas con motivo de las cargas policiales: 991 en el día del referéndum y 75 en los días posteriores a consecuencia de las lesiones producida
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