¿Puede Rajoy convocar elecciones en Cataluña?

En Cataluña hay un Parlamento legalmente constituido a principios de año pero que no funciona.

El 17 de enero se constituyó la Mesa de Gobierno, con Presidente incluido, pero desde entonces no ha conseguido dar el segundo paso habitual en estos casos: elegir un Presidente de Gobierno y, a renglón seguido, designar Gobierno.

Hay mayoría independentista con tres grupos parlamentarios definidos bajo ese objetivo (Juntos x Cataluña, ERC y CUP) que suman 70 escaños (34+32+4) y que incluso podrían aspirar a alguno de los parlamentarios (8) del grupo de los Comunes.

Pero es una mayoría dividida en un asunto central: el nombre del Presidente de Gobierno, que encierra el significado de asumir y validar los acontecimientos secesionistas de septiembre y octubre que los tribunales investigan como posible delito de rebelión, sedición y malversación.

Los protagonistas (no todos) del embrollo, del llamado “procés”, cuando comparecen ante los jueces declaran que en octubre no hubo rebelión, que la declaración de una república catalana fue un acto simbólico, sin consecuencias, fruto de reuniones informales de amigos… lo cual reduce a la nada el propósito de continuidad entre el Gobierno destituido por revoltoso y el nuevo Gobierno que debería salir de las elecciones de diciembre.

Entre los 70 parlamentarios independentistas hay distintas sensibilidades, por un lado los que en los documentos “indepes” llaman “hiperventilados” (del orden de 25, agrupados en torno a las figuras de Carlos Puigdemont y Jordi Sánchez, incluidos los 4 de las CUP) y los históricos o realistas (del orden 45) que son militantes de ERC y de la antigua Convergencia que no acaba de definir su marca electoral más allá de incorporar la idea de Juntos, que es una aspiración).

Si esos dos bloques no se ponen de acuerdo no hay presidente ni gobierno, ni punto final a la intervención del 155.

Y para que se pongan de acuerdo el jefe de la facción “hiperventilada”  tiene que dar un paso atrás ya que su designación efectiva como Presidente es imposible.

La otra alternativa es consensuar un nombre con bajo riesgo de inhabilitación judicial que manda a la reserva a Puigdemont como éste hizo antes con Artur Mas.

El problema que tiene el proceso de pactos es que carece de plazo una vez que los reglamentos vigentes dicen que para que el reloj se ponga en marcha tiene que producirse un acto de investidura.

El punto actual es que “ni contigo ni sin mi tienen los males remedio”, el laberinto tiene la salida bloqueada hasta que alguien derribe el muro, para lo cual alguno tienen que ceder.

Desde fuera los letrados del Parlament pudieron haber abierto una puerta a la fijación e plazos, pero no se atrevieron. El grupo socialista con el táctico Iceta a la cabeza llama al Constitucional para que haga lo que los letrados no hicieron: habilitar plazos.

Pero no parece que el Constitucional esté por la labor de resolver problemas a los políticos, en realidad los magistrados están hasta el gorro de que le trasladen problemas que no les corresponden, que les exceden.

Queda un recurso por explorar, el del presidente de facto de la Generalitat que no es otro que el señor Mariano Rajoy en tanto que el 155 siga vigente.

Rajoy podría volver a disolver el Parlament, con el argumento de su incapacidad y convocar nuevas elecciones para que los ciudadanos deshagan la madeja.

Argumentos no faltan aunque la legalidad puede someterse a escrutinio ¡del Constitucional!

Pero cuando los políticos no son capaces de salir del laberinto tienen que intentarlo las instituciones y en última instancia los ciudadanos.

Rajoy pensará: “vaya lío”, pero su trabajo de jefe de Gobierno es precisamente romper los nudos, algo que no puede el Rey pero si el Presidente.

González Urbaneja