Cuando se ejerce la libertad de expresión siempre se ofende a alguien

Hemos conseguido una sociedad en la que todo el mundo pretende que la policía o los jueces castiguen cualquier expresión.

Eso no nos protege, sino que nos fragiliza y pone en manos del poder un arma represiva, además de conculcar un derecho básico.

Como han denunciado diversos organismos, entre ellos la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, vivimos en una situación excepcional, por lo antidemocrática, en lo que se refiere a la situación de la libertad de expresión en España.

Raperos en la cárcel, activistas pacíficos juzgados por enaltecimiento del terrorismo, gente en la Audiencia Nacional por un tuit o por hacer la parodia de una procesión y gente juzgada por determinadas opiniones políticas que el Ministerio del Interior califica de “odio”.

La aprobación de la Ley Mordaza supuso consagrar una espiral represiva y sancionadora de la libertad de expresión que llevaba tiempo gestándose con sucesivas reformas del Código Penal que han ido, poco a poco, acotando y restringiendo este derecho.

España se ha convertido en un país en el que la libertad de expresión está seriamente amenazada. Es una anomalía que nos sitúa al lado de países con democracias frágiles y muy lejos de democracias consolidadas en las que la libertad de expresión sigue siendo considerada un pilar fundamental de la libertad y en las que se pueden decir/escribir cosas que aquí, hoy, serían inimaginables.

El retroceso es muy evidente si nos comparamos con nosotros mismos hace unos años.

Y lo peor es que no se percibe resistencia social y política al vaciamiento de este derecho.

Soy de la opinión de que no hay resistencia porque se ha conseguido hegemonizar una idea del delito del odio como la prohibición absoluta de ofender, especialmente al poder, pero en realidad a cualquiera, con lo que en lugar de defender la libertad de expresión, cada persona o grupo social piensa que puede usar la ley en su beneficio, para restringir la libertad de expresión de los otros/as.

De cualquiera que nos ofenda, en realidad. Es un engaño, naturalmente.

Lo cierto es que en lugar de entender y defender una libertad de expresión amplia que nos ampare a todas las personas, especialmente a quienes queremos expresar opiniones radicales desde los márgenes del sentido común general (que es donde la libertad de expresión tiene valor), lo que hemos conseguido es una sociedad en la que todo el mundo pretende que la policía o los jueces castiguen o acallen cualquier expresión que nos ofenda a cada una de nosotras o a los grupos sociales o de identidad a los que pertenecemos.

Al final, naturalmente, eso no nos protege sino que nos fragiliza y pone en manos del poder un arma represiva muy poderosa, además de conculcar un derecho básico. 

Unos denuncian al autobús de la transfobia y poco después Hazte Oír denuncia a los que le denuncian por ofensa de los sentimientos religiosos.

Las feministas piden que la fiscalía intervenga ante los tuits que nos llaman feminazis, y unas feministas acaban en los tribunales por sacar un coño en procesión.

Un grupo feminista quiere demandar a El País porque incluye los reportajes de feminismo en la sección de Moda, lo cual indicaría odio al feminismo y los machistas acusan a las feministas de odio a los hombres.

Una canción sobre el capitalismo y sus miserias puede costarte una multa, lo mismo que un insulto a un político.

He leído una noticia de que un nazi ha demandado a una persona por delito de odio; por odiar a los nazis.

Hace unos días un cantante dijo en un escenario que “había poca diversión y mucha policía” y eso le costó una multa.

Lo último que he visto es que El Ministerio del Interior afirma que la celebración de las diadas catalanas buscaban fomentar el odio al estado español.

Cualquier día, pretender que los ricos paguen más impuestos nos va a costar una demanda por odio de clase.

Beatriz Gimeno