La Justicia es vilipendiada en España, ahora por un caso inaudito del Tribunal Supremo acosado por los intereses de la Banca
“Es intolerable que una
sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo velando por los intereses de
la ciudadanía se vaya a revisar por los intereses de la banca.“
Este
titular lo daba “Juezas y Jueces por la Democracia” el pasado viernes tras
conocerse que tras la sentencia emitida el jueves 18 por la Sala Tercera
del Tribunal Supremo (Sección Segunda), cuyo ponente ha sido el magistrado
Jesús Cudero, por la que se reconoce que:
“Quien debe
abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras
públicas de préstamo con garantía hipotecaria es la entidad prestamista, no
quien recibe el préstamo. Es decir, son los bancos y no el cliente quienes
deben pagar el impuesto de las hipotecas.”
24
horas más tarde la Sala de lo Contencioso-administrativo congelaba esa
sentencia, a la espera de una decisión posterior del Pleno en la que se deberán
pronunciar los 31 magistrados que conforman el Pleno de la Sala.
Es
la primera vez en la historia que el Tribunal Supremo actúa de esta manera, lo
que desvela algo que los órganos de la Unión Europea vienen diciendo desde hace
tiempo. Y es que:
Un informe del
Consejo de Europa publicado en 2017 sitúa a España como el país menos
comprometido en la lucha contra la politización judicial de los 21 estados
evaluados por este organismo.
La
mayoría de la ciudadanía vive “atónita”, “paralizada” como espectadora
pasiva ante estas actuaciones de la Justicia en España, dignas de aquellas
películas que veíamos en blanco y negro en las que la mafia americana tenía a
jueces y fiscales rehenes de sus “intereses”.
Estamos
“normalizando” la injusticia dentro de la Justicia, algo que socava la
Democracia en su punto más débil al pervertirla desde sus más preciados
cimientos.
La
Justicia no es justa solo porque la imparta un juez, pues jueces existen en
todas las dictaduras, tanto de derechas como de izquierdas, la Justicia es
justa porque así la vive y la siente el pueblo del que emana la Justicia, pero
claro, aquí en España ya empezamos mal porque en el título VI del Poder
Judicial de la Constitución artículo 117, se dice:
La
justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y
Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles,
responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
Que se administre la justicia “en
nombre del Rey” que resulta ser “una persona inviolable” según
la propia Constitución, algo que no son la inmensa mayoría de los Jefes de
Estado de las democracias europeas, y que haya llegado a tal puesto como
heredero del franquismo, que es quien restauró la monarquía en España, pues ya
dice mucho y hace pensar que la justicia española esté pervertida en su propia
concepción.
Que los miembros del Tribunal Supremo sean nombrados por el Consejo del Poder
Judicial, cuyos miembros son a su vez elegidos por los partidos políticos,
también ofrece dudas sobre su imparcialidad.
Que
exista una Justicia Militar en España en tiempos de paz, algo que no
existe en otros países democráticos, justicia que discrimina a militares y
guardias civiles, les recorta sus derechos y además los excluye de los derechos
constitucionales, hace que no todos las españolas y españoles NO seamos iguales
ante la justicia y que además el franquismo campe a sus anchas
dentro de las Fuerzas Armadas de nuestro país, como bien demuestra el
manifiesto firmado en julio de este año, por ya más de 500 militares que fueron
altos mandos, contestado por un puñado de militares y
guardias civiles valientes, a los que además se les ha abierto expedientes.
Que
nos encontremos casos como el de Coca-Cola que
a pesar de tener una sentencia del Tribunal Supremo contra la dirección de la
empresa por los ERE no se exigío que se cumpliera, que nos encontremos a
raperos como Valtonyc,
nos guste o no nos gusten sus canciones, condenado a prisión, que revistas como Mongolia o El Jueves se
vean condenadas por sus obras, que se admitan a trámite querellas contra el
programa El Intermedio por fundaciones franquistas o
contra el actor Willy Toledo por un colectivo de “abogados
cristianos” por expresiones que usan a diario miles de españoles, alejan a la Justicia española de lo que debería ser una Justicia
imparcial y justa, lejos de los poderes políticos y económicos.
Se
suman casos como el de Juana Rivas,
que lo hemos vivido como un caso típico de “justicia machista y patriarcal“.
Hay
casos como el de las temporeras de
fresas de Huelva, en el que “curiosamente” al final la Audiencia
Nacional, en la que tenían puestas sus esperanzas las trabajadoras marroquíes,
toma la decisión de no juzgar el caso de abusos cometidos contra las
trabajadoras marroquíes y lo devuelve al juzgado de Huelva.
Un
claro caso en los que los intereses económicos parecen prevalecer ante los
abusos sexuales y laborales.
Otro
suceso flagrante es el que la Justicia admitiera a trámite los litigios de
fundaciones franquistas sobre el cambio del nombre de las calles franquistas en Madrid.
Sin
embargo vemos casos que se resuelven de forma favorable, podríamos decir que de
formas peculiares.
El
primer caso de “Bebés robados“, que llegan a más de 300.000 desde
la época del franquismo hasta los años 90 en plena democracia, por fin se
consigue que llegue a los juzgados, y se cierra con una sentencia en la que se reconocen los delitos pero se cierra con un patético “ustedes perdonen,
pero ya prescribió”.
Otros
casos que a gran parte de la ciudadanía han escandalizado son los de pederastia de la Iglesia
española que de nuevo se han ido declarando como
prescritos por la Justicia, con la connivencia de la Iglesia.
Para
más “inri” ahora la Iglesia después de que el Papa pidiese “perdón” nombran
responsable de la comisión antipederastia de la Iglesia católica de España a
Juan Antonio Menéndez, cuestionado por su actuación en los casos de abusos de
La Bañeza y Puebla de Sanabria. Sin comentarios.
Otro
proceso evidente de “Justicia injusta” es el del máster del líder del Partido
Popular, Pablo Casado,
beneficiado por el Tribunal Supremo quien reconoce que ha habido
irregularidades, pero lo deja estar.
Un
caso particular también fue el del marido de Ana Rosa Quintana,
en el que se le relacionaba con el excomisario Villarejo, que apenas se escuchó
en la prensa, por lo que parece un singular “pacto de silencio” y que fue
exculpado.
Y
es que hasta los propios miembros de la Justicia se quejan, pues el pasado abril tuvimos la
primera huelga en la historia de España de jueces y fiscales,
con un seguimiento del 70,5% a lo largo de nuestro país en las puertas de las
sedes judiciales demandando la necesidad de reforzar la independencia judicial, de llevar a cabo mejoras laborales y
la modernización de la Justicia, lo que es realmente preocupante.
Que
el anterior Gobierno de España recibiese varios varapalos de la justicia europea como consecuencia de su ejercicio
en los casos de extradición de los políticos catalanes que
se fueron de España, o la negativa de ejecutar la euroorden contra el rapero Valtonyc es
también sintomático de que la Justicia española no juega en la misma liga que la europea.
Y
si a alguien le quedaba alguna duda de que “LA JUSTICIA EN NUESTRO PAÍS NO ES
JUSTA” tan solo tiene que leer los diferentes informes de la Unión Europea en los que se acusa a nuestro país como uno de los menos
comprometidos en la lucha contra la politización judicial.
El
pasado mes de enero el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de
Europa (GRECO) de
nuevo cargó contra España en su informe sobre las medidas de lucha contra la
corrupción en el país.
A ojos de la institución, las
autoridades españolas no han cumplido con ninguna de las once recomendaciones
para mejorar la transparencia y acabar con los conflictos de intereses y la
prevaricación en el ámbito político y judicial.
Europa ha exigido a España que sean los jueces
quienes elijan a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y
no los políticos, y ni caso.
Lo
que llama la atención es que la ciudadanía parece estar anestesiada ante las injustas actuaciones de
la Justicia en España, pues si bien oímos escuchar
protestar de uno u otro partido político, poco o nada se escucha de las
actuaciones de fiscales y jueces, ni tan siquiera en la hora del café o las
cañas y menos en forma organizada por las calles.
Tan
solo en el caso de “la manada”
se pudo ver claramente como se movilizaba la ciudadanía contra la decisión de
los jueces, porque fue un caso flagrante y lo cierto es que de poco sirvió,
pues de momento los acusados gozan de libertad y han conseguido que poco a poco
se diluya la indignación hasta desaparecer de las conversaciones cotidianas y
sobre todo de las protestas en la calle.
Ya
olvidamos el “misterioso incendio” de la
Ciudad de la Justicia en Valencia del año
pasado.
Cabe
recordar que la Comunidad Valenciana lidera el ranking de casos de
corrupción. Más del 50% de las causas que llevan los tribunales de la
Ciudad de la Justicia, son de corrupción y todos ellos forman un endemoniado
puzle: Taula, Púnica, Gürtel, Laterne, Emarsa…
La
rabia se apodera de gran parte de la ciudadanía cuando tenemos que escuchar que
“la Justicia es igual para tod@s en España“, sobre todo
cuando lo oímos de la boca de nuestro permanente e inviolable “Rey borbónico”,
mientras el fasto ciega y enmudece a parte de sus súbditos.
Desde
luego que existen magistradas, magistrados y fiscales en España con ánimo de
impartir “Justicia”,
como no, pero me atrevo a decir que probablemente sufran el tan conocido
mobbing por los compañeros conectados con las redes del poder.
Y
es que la “injusta Justicia” alcanza de forma favorable o injusta a civiles,
militares y a miembros de la Iglesia según interese, no deja nada libre a su
paso.
Todo
esto ocurre mientras los que denuncian la
corrupción se encuentran indefensos ante los poderes fácticos
del Estado.
El
franquismo, el machismo y el poder del dinero y de la Iglesia son todavía
graves cánceres de la Justicia española. Está claro que:
La
Justicia española no juega en la misma liga que la europea.
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