Nuevo plan de empleo: prohibido contratar y despedir a la vez

Como solo tenemos cinco millones de parados y ningún organismo internacional prevé una rebaja de la tasa de desempleo en los próximos tres años, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se descuelga con una propuesta a los sindicatos para la supresión de los contratos por obra y los temporales, cuando no estén justificados por razones productivas u organizativas.

¿Y qué quiere decir esto? Pues que se produzca un alza "ocasional e imprevisible de la actividad de la empresa que no pueda ser atendido por la plantilla habitual".

Y, entonces, ¿un bar o un restaurante pueden contratar temporales para la campaña de verano o para atender los picos de demanda en un puente o un fin de semana? Pues no, porque los trabajos "estacionales o vinculados a campañas" deberán ser objeto de contratación indefinida, según la futura normativa.

En este caso,habría que echar mano de los fijos discontinuos, una modalidad que creció el 50 por ciento desde su implantación en 2007, y que en realidad sirve para enmascarar la temporalidad, ya que se trata de trabajadores estacionales, que permanecen en el desempleo la mayor parte del año. 

O sea, que Díaz pretende convertir a los temporales en falsos indefinidos. Una tapadera para esconder el empleo precario.

La medida, además, va a producir un encarecimiento de la contratación temporal, porque el empresario tendrá que justificarlo por escrito y el despido será nulo en caso de fraude.

Las patronales advierten de una judicialización de los despidos porque los afectados recurrirán a los tribunales cuando termine el periodo para el que fueron fichados para acceder a un salario de tramitación hasta que haya una resolución judicial.

Díaz pretende tapar el problema del empleo temporal con su conversión en falsos indefinidos

¿Qué incentivo va a tener a partir de ahora un empresario para aceptar un pedido extra si cuando tenga que despedir a los trabajadores se enfrenta a un embrollo judicial, que encarezca las indemnizaciones?

El coste de la contrataciones de los mas elevados de Europa.

España está en los puestos de cola de los países de la OCDE tanto de los índices Doing Business como de Flexibilidad del Mercado Laboral, elaborado por la Unión Europea.

Si la legislación se endurece, se desanimará a contratar en un momento en que debería ocurrir todo lo contrario: un abaratamiento de los costes para impulsar la creación de empleo, aunque sea de manera temporal.

Pero eso a la vicepresidenta cuarta parece importarle un bledo. 

España tiene una tasa de temporalidad de alrededor del 25 por ciento, diez puntos más que la media europea, precisamente por el gran peso que tienen en nuestra economía los servicios, superior al 70 por ciento del PIB, comparado con Alemania, Francia o Italia.

¿Cómo se van a resolver a partir de ahora los contratos por obra en la construcción o en las inmobiliarias en un país de grandes obras de infraestructuras? 

La industria del automóvil, muy amenazada ya por la competencia del exterior, ¿cómo podrá recurrir a los turnos extra cuando tenga picos de demanda?, o ¿qué va a hacer el textil, otro de los sectores castigados con pérdidas del 40 por ciento del empleo, en las campañas de rebajas o de Navidad?

En todos estos casos, los trabajadores serian fijos discontinuos

Si encarecemos los costes laborales de los establecimientos hoteleros, así como de bares y restaurantes, ¿estarán preparados para captar a un turista más exigente? 

El paroxismo de la norma se produce en el campo, donde la mayoría de los trabajadores que acuden a la recogida de las cosechas son extranjeros. ¿Los vamos a convertir en fijos?

El Gobierno se ha vuelto majareta. 

La Unión Europea solicita un plan para la reducción de los temporales. Pero hacerlo por decreto ley, imponiéndolo en la mesa de diálogo social como quiere Díaz, es suicida y traerá consecuencias nefastas

En el último ejercicio, el de la pandemia, pasamos de crear medio millón de empleos a destruirlos. En este año, pese al buen ritmo de contrataciones para el verano y el otoño, terminará sin creación de empleo neto. 

El ministro Escrivá considera, además, que del medio millón de empleados en Erte, 180.000, casi un tercio, engrosará directamente las filas del paro.

La llegada de fondos europeos, con el programa Next Generation EU, debería fomentar un empleo de más calidad, basado en la digitalización de los procesos de producción. Pero eso no ocurrirá de la noche a la mañana. 

Tampoco el plan de empleo juvenil, que presentó Sánchez dotado con 5.000 millones, garantiza empleos estables y cualificados a corto o medio plazo.

En Podemos se desgañitan pidiendo una bajada del precio de la luz para combatir la pobreza energética, pero luego les trae al pairo los parados. 

Cuantos más pobres existan, mejor les va. Así recibirán ayudas al alquiler o directamente ocuparán las viviendas, les subvencionan la luz, les adjudican una renta básica y ya tienen un votante para toda la vida dependiente del maná del Estado.

Tampoco se puede entender que después de que el Banco de España cuantificara entre 92.000 y 180.000 el número de empleos destruidos por la última subida del salario mínimo, la ministra Díaz vuelva a la carga con más incrementos.

Si cualquiera de los tres millones largos de pymes tiene que justificar la contratación de personal extra para cubrir una punta de demanda y, además, pagar un mínimo de 1.000 euros mensuales, lo lógico es que acabe renunciando.

La situación es kafkiana para las miles de pymes que se acogieron a los Ertes para intentar salvar el pellejo. Además de no poder despedir, tampoco podrán contratar. Y si son receptoras de ayudas directas, que se olviden, porque el 40 por ciento jamás llegará a su destino.

Aquí no acaban los problemas. 

Los costes salariales subieron el 1,8 por ciento en el primer trimestre, el triple que la inflación durante ese período. Para echar más leña al fuego, Díaz quiere acabar con los convenios de empresa y con la ultraactividad, que permitía a estas descolgarse en momentos de dificultad.

Con unos costes laborales al alza, la inflación interanual alcanzó el mes pasado el 2,7 por ciento, y sin apenas posibilidad de contratar temporales, el plan de empleo del Gobierno lleva camino de convertirse en una fábrica de parados en un futuro cercano.

PD.- La subida de la luz es el otro asunto que turbó la concordia que Sánchez predica a los presos del procés. La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, tomó la decisión de penalizar a hidroeléctricas y nucleares por los dividendos caídos del cielo cuando vio que los ministros de Podemos, Ione Belarra y Alberto Garzón, se dieron cuenta de que los tramos horarios no servirían para reducir los costes de la luz. Después, para reforzar su postura, pidió a Competencia que investigue si existe manipulación de los precios por parte de las eléctricas.

La distribución horaria es un parche para contener los precios. Para más Inri, la UE dio un tirón de orejas a España porque la medida acaba con la seguridad jurídica que garantizaba el plan de amortizaciones de las centrales. 

Ribera es así la reina de la improvisación política.

Amador G. Ayora

Director de elEconomista