Los expedientes de indulto afirman que la prisión es un "escollo para la superación del conflicto"
Los
expedientes de indulto a los nueve condenados por sedición y malversación del
'procés' independentista en Cataluña inciden en que la prisión de todos ellos
supone un "claro obstáculo para la
normalización de las relaciones entre las instituciones catalanas y las del
Estado, así como un escollo para la superación del conflicto que protagoniza la
política catalana en la última década".
Así
se señala en estos documentos, a los que ha tenido acceso Europa Press, y que
añaden que el Gobierno ha valorado el papel de cada uno de los indultados en la
escena política catalana, y su papel en el "devenir de las relaciones entre España y Cataluña".
La
propuesta de indulto se dice "muy
consciente de la gravedad de lo ocurrido en Cataluña en el otoño de 2017",
y añade que "quienes llevaron a cabo
tales hechos no solo actuaron ignorando la Constitución, sino que también
ignoraron a quienes no piensan como ellos (...). Cegados por sus objetivos
políticos, olvidaron las leyes que nos les gustaban y a las personas que no les
apoyaban".
No
obstante, se considera que la realidad social y política a la que ha dado lugar
el encarcelamiento de los condenados afecta indudablemente a esa convivencia
democrática entre catalanes, "condicionando negativamente las relaciones
entre Cataluña y el resto de España y obstaculizando la superación del
conflicto existente".
Por
ello, el análisis del Gobierno pasa por reflejar "la profunda división que actualmente experimenta la sociedad catalana y
que irradia sus efectos sobre el conjunto de España", así como "la polarización del espectro político
catalán en torno al eje independencia/no independencia".
Se
cita igualmente el último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO, 2021),
según el cual el 44,9% de los encuestados manifiesta su voluntad de que
Cataluña sea independiente, lo que hay que los partidos políticos con los que
se identifican los condenados han obtenido un amplio respaldo electoral en las
últimas elecciones catalanas, celebradas el pasado 14 de febrero.
El
Ejecutivo reivindica que, en base a la experiencia política de estos últimos
años, "el diálogo es la única vía
eficaz para la superación de las diferencias que ponen hoy en riesgo la
convivencia entre los catalanes, y entre Cataluña y el resto de España".
Sin
embargo, lamenta que "las políticas
basadas en la confrontación intensiva han acabado por erosionar los cauces
naturales e institucionales de comunicación, hasta el punto de impedir el
necesario diálogo".
En
otro de los puntos, Moncloa considera que de la concesión de estos indultos no
se deriva "ningún efecto pernicioso
e irreversible a los valores de la Justicia", ni "tampoco merma o debilita el Estado de
Derecho”, sino que, al contrario, "el
perdón de la pena que conlleva es muestra evidente de su fortaleza"
porque "solo desde la robustez de un
Estado de Derecho sólidamente asentado se puede entender la existencia de un
mecanismo como el indulto".
El TS y la Fiscalía no
individualizaron
Los
expedientes recuerdan que en los informes del Tribunal Supremo y de la Fiscalía
en la ausencia de arrepentimiento, de dilaciones y de desproporción de la pena
en su día impuesta, y reprochan a ambas instituciones que ninguno de estos
documentos realizara un análisis individualizado de cada condenado ni tampoco
un examen integral del conjunto de razones de utilidad pública concurrentes.
Frente
a ello, los expedientes apuntan que la motivación y la perspectiva política y
social que, sin duda, ha de manejar el Gobierno para la toma de su decisión
-muy especialmente en este caso- no han estado presentes en la valoración
realizada por el Ministerio Fiscal y el Tribunal sentenciador.
El
criterio que se utiliza por lo tanto es el de utilidad pública, que el mismo
documento reconoce que es un concepto "abierto,
indeterminado y de naturaleza esencialmente política".
Es
por tanto al Poder Ejecutivo al que corresponde, en un modelo de separación de
poderes, valorar la conveniencia política de su aplicación en cada caso
concreto, subrayan los expedientes.
Antecedentes de indultos por
utilidad pública
Entre
los antecedentes de indultos por razones de utilidad pública, el documento cita
a los concedidos a los autores del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 o
a miembros de la banda armada "Terra Lliure", decididos por Gobiernos
anteriores. En la misma línea se acordó en el año 2000 el indulto a 1325
personas con motivo del año jubileo.
En
este caso, dichas razones son "la
excepcional situación de Cataluña y la acuciante necesidad de responder, cuanto
antes, a la profunda crisis social y política que, desde hace demasiado tiempo,
viene condicionando y erosionando la paz social y la garantía de la convivencia
democrática en Cataluña y, por extensión, en toda España".
También
tiene en cuenta el Gobierno que ha sido muy notorio el posicionamiento a favor
o en contra de los argumentos expuestos en estos informes por parte de los
principales partidos políticos, así como por destacadas personalidades de la
academia, la política y la cultura.
"El debate público suscitado es un claro
reflejo de la trascendencia política del caso y evidencia la existencia de
intereses generales en juego que van más allá de la situación jurídica del
condenado", añade.
Ya han cumplido cárcel
Además,
se incide que cada uno de los presos del procés han cumplido ya un tiempo de
privación de libertad, un efecto que no se pretende borrar con el indulto ya
que persiste el delito y en caso de reiteración delictiva lleva consigo la
apreciación de antecedentes penales.
Destaca
también que no han vuelto a instigar o a cometer ningún acto de semejante
significado y los informes de conducta evidencian "su mínimo riesgo de reincidencia" y la respuesta positiva que
han tenido en los diferentes permisos otorgados. Inciden en que estos indultos
no se extienden a la inhabilitación absoluta a la que fueron condenados y
aseveran que esto "permite asegurar
sus fines de prevención general y especial".
Asimismo,
explica que aunque esta medida genera incomprensión en parte de la sociedad,
algo que la propuesta "reconoce y
valora", el Gobierno subraya que es una decisión "difícil" que se adopta con "responsabilidad y convicción".
"Posiblemente
sería más sencillo para el Gobierno no concederlo, pero, en ese caso,
estaríamos cruzándonos de brazos ante el mayor problema político que tiene
España y perdiendo una oportunidad para el reencuentro y la reconciliación
dentro del nuevo clima de normalización institucional en Cataluña que
pretendemos favorecer con esta decisión", concluyen.
Europa Press
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