Estado de malestar

Las dos manifestaciones de este sábado contra el estado de las infraestructuras en Catalunya y, más concretamente, contra Rodalies y su dependencia de Renfe, suponen un punto de inflexión en la denominada, por las autoridades del momento, normalidad catalana. Catalunya no es un Estado, pero, si lo fuera, debería celebrar un debate que muy bien se podría denominar Estado de malestar.

No estamos en un estado de alarma, ni de excepción, ni de sitio, que deciden los gobiernos, sino en el de malestar que han acordado los ciudadanos a la vista de su indefensión ante el crónico maltrato de los sucesivos gobiernos españoles con Catalunya.

No vale la pena entrar en una guerra de cifras sobre el número de personas que se han manifestado entre la mañana y la tarde por las calles de Barcelona.

Ni tampoco sobre si han acudido más ciudadanos a la concentración de la mañana o la de la tarde. Han salido algunas decenas de miles, que, en realidad, son solo una representación de los centenares de miles de afectados que hay cada día.

Es evidente que no ha sido un acierto que hubiera dos convocatorias y que debía haber habido más generosidad por parte de los que convocaron más tarde, ya que había más fines de semana para protestar y no era necesario hacer coincidir la protesta de los usuarios con la que convocaban las organizaciones independentistas.

¿Era esta última política?

Pues claro que sí. Pero también la de la tarde, aunque fuera más descafeinada. ¿Acaso la manifestación en la calle contra el funcionamiento de los trenes puede no ser política y no ir contra el Gobierno?

Catalunya no es un Estado, pero, si lo fuera, debería celebrar un debate que muy bien se podría denominar Estado de malestar.

Aunque el problema de las infraestructuras es de fondo y afecta a diferentes gobiernos de los últimos años, es evidente que el que tiene la responsabilidad actual y ejerce el poder está más expuesto y acaba siendo más responsable que los que ocuparon cargos con anterioridad.

Se vio, no hace mucho, con la sequía —mencionarla ahora parece casi una broma— que asoló Catalunya de manera importante durante el Govern de Pere Aragonès. ¿Tenía él la culpa de que las infraestructuras hidráulicas comprometidas desde el anterior episodio de sequía, en 2008, no se hubieran hecho, cuando incluso el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, dijo que había pedido a la Moreneta que lloviera? Pero políticamente fue responsable Aragonès, aunque Esquerra solo haya tenido la presidencia de la Generalitat durante algo más de tres años de los más de 46 de autonomía.

Ahora, el PSC puede hablar de la herencia recibida y del actual esfuerzo inversor por parte del Ministerio y del actual titular de Transportes, Óscar Puente. Pero, si situamos el contador en 2004, de los 22 años transcurridos, nueve han tenido presidentes socialistas en la Generalitat y más de quince de gobiernos del PSOE en España, entre ellos los casi últimos ocho con Pedro Sánchez en la Moncloa.

De este tiempo transcurrido entre 2018 y 2026, sabemos perfectamente cuál ha sido el triple expolio fiscal: el que no se ha contemplado en la financiación autonómica, el que no se ha presupuestado en las cuentas públicas del Estado y el que no se ha gastado de las partidas inversoras previstas para Catalunya.

Por todo ello, no es tan extraño que hayan saltado las costuras de la normalidad. Porque esta no puede ser compatible con un Estado de malestar de gente que no puede ir a trabajar porque fallan los servicios de transportes y que presenta grietas en áreas vertebrales del estado de bienestar como son la educación, la sanidad o la vivienda, como veremos con las protestas anunciadas en las próximas semanas.

Jose Antich