La política migratoria de Sánchez podría generar una reacción populista en España.

 15 de febrero de 2026

Cuando el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció el 27 de enero que su gobierno socialista ofrecería permisos de residencia y trabajo renovables a cientos de miles de migrantes indocumentados, era fácil creer que se había coronado al líder de una nueva oposición global.

El gobierno menos acogedor del presidente Donald Trump estaba soportando en ese momento el oprobio mundial por sus redadas de migrantes, que llegó a su punto álgido tres días antes con el tiroteo por parte de agentes federales del activista Alex Pretti en una calle de Mineápolis.

Con su política de amnistía, Sánchez parecía ofrecer no solo una postura más conciliadora, sino también un modelo económico más sólido.

En el otoño pasado, The Financial Times editorializó que su España era “la economía más destacada de Europa” y justo antes de Navidad, Le Monde la calificó como “la locomotora económica de Europa”. Su tasa de crecimiento de casi el 3 por ciento había superado a las de Francia y Alemania.

Pero el modelo económico de Sánchez, que es indisociable de su enfoque de la migración, está sobrevalorado y es perjudicial en muchos aspectos. Durante años, la economía española se ha basado en gran medida en el turismo, y ha dependido de la afluencia de trabajadores no calificados para dotar de personal a sus hoteles y restaurantes.

Esto genera dinero, pero ha hecho poco para que España se sitúe entre las economías más avanzadas de Europa. Sánchez no inventó este modelo, pero lo ha hecho suyo. Eso no le ha granjeado tanta gratitud en España como la opinión de las élites podría hacer creer.

Sánchez introdujo su amnistía por decreto, lo que indica que no creía que pudiera obtener una mayoría a su favor en la legislatura. Y el domingo, en las elecciones regionales celebradas en Aragón, se enfrentó a su primera prueba electoral desde que declaró la amnistía: su partido perdió una quinta parte de sus escaños en la cámara regional, pasando de 23 a 18, mientras que Vox, un partido antinmigración, aumentó sus escaños de 7 a 14.

Tras las elecciones autonómicas celebradas en Extremadura en diciembre, fue la segunda contienda consecutiva en la que el partido de Sánchez registró un pésimo resultado y Vox duplicó sus escaños.

La visión de Sánchez sobre la migración no solo parece inviable desde el punto de vista democrático, sino que también podría estar avivando una reacción populista del tipo que ha surgido en Francia y Alemania y ha tomado el poder en Estados Unidos.

Sánchez y otros han justificado la política migratoria española como una respuesta a la crisis demográfica del país. Según esa métrica, ha tenido éxito con creces. Hace una generación, España tenía menos de 40 millones de habitantes, y desde entonces ha tenido una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo.

Sin embargo, debido a la migración, es el país de Europa que crece más rápidamente, con una previsión de superar los 50 millones de habitantes a finales de este año, de los cuales casi 10 millones han nacido fuera del país.

Generalmente, los comentaristas presentan la migración como una bonanza económica. Tras el anuncio de Sánchez de la política de amnistía, El País publicó un editorial de apoyo titulado “Más empleo que nunca”, señalando que había 22,4 millones de personas trabajando. Pero eso es medir el tamaño de la economía, no su calidad. Si en un país que ha aumentado un 25 por ciento su población, como España, medimos no el producto interno bruto, sino el producto interno bruto per cápita, los resultados son menos impresionantes. Los ingresos han crecido en este siglo, pero aproximadamente al ritmo de la Unión Europea en su conjunto, y muy por debajo del ritmo de Estados Unidos.

También hay algo extraño en el modo en que la economía está funcionando dadas las circunstancias. Aunque la migración en España ha sido supuestamente necesaria por la escasez de mano de obra, la tasa de desempleo en el país sigue siendo obstinadamente de dos dígitos, y se mantiene en el 10 por ciento, la tasa más alta de la Unión Europea.

Eso sugiere que España tiene un excedente de mano de obra. En España, como en Estados Unidos, los defensores de la migración masiva a menudo argumentan que los recién llegados hacen trabajos que los nativos no harían, lo que hace que los nativos sientan que se ha impugnado su carácter y que la migración se convierta en un tema delicado para todos.

Además, a muchos españoles les cuesta ver hacia dónde va el cacareado crecimiento económico de su país. Los barceloneses se quejan de un “complejo turístico-industrial” que extrae riqueza de su ciudad, enviándola a las arcas de los promotores inmobiliarios y a los países de origen de los migrantes en forma de remesas.

Tampoco está claro que la migración contribuya a equilibrar los presupuestos del estado de bienestar, como han afirmado durante mucho tiempo los defensores de los migrantes.

Desde la publicación en 2015 de un estudio histórico sobre el estado del bienestar danés, dirigido por la economista Marianne Frank Hansen, nuestra comprensión de esta cuestión se ha vuelto más detallada y pesimista: cuando los migrantes con bajos ingresos se trasladan fuera de sus mejores años laborales, los beneficios a corto plazo pueden convertirse en pasivos persistentes.

Dado que muchas de las personas cubiertas por la amnistía de Sánchez son hispanohablantes procedentes de América Latina, no plantean ciertos retos culturales que sí plantean los hablantes de árabe o turco procedentes del mundo musulmán.

Pero la amnistía puede abarcar a una población mayor y menos hispanohablante de lo que supone Sánchez. Su gobierno ha hablado de 500.000 migrantes indocumentados con derecho a acogerse a la amnistía, pero Funcas, un centro de estudios económicos independiente, calcula que el grupo podría ascender a 840.000 personas.

El Mundo, periódico conservador, informó sobre enormes filas ante los consulados de Argelia y Pakistán después de que Sánchez anunciara la amnistía.

Sánchez es un talentoso político táctico con una capacidad casi sobrehumana para negociar su salida de posiciones que parecen imposibles. Eso puede explicar por qué se ha retirado de una batalla política interna en la que no le está yendo muy bien, erigiéndose en la antítesis de Trump, quien es tan omnipresente en los medios de comunicación españoles como en el resto de Europa.

Sánchez ha rechazado, a bocajarro, la petición de Trump de que los países europeos aumenten su gasto militar al 5 por ciento del PIB. Incluso ha involucrado a Elon Musk en una disputa en internet al liderar un movimiento europeo para prohibir a los jóvenes adolescentes el uso de las redes sociales.

Esta estrategia es arriesgada.

No es probable que los españoles apoyen a Trump.

Pero tampoco es probable que permitan que su aversión por él prevalezca sobre realidades más apremiantes. La combinación del descenso de la natalidad en Europa y el aumento de la población en los países vecinos, especialmente en África, ha llevado a los vecinos de España y a la propia Unión Europea a armarse contra el cambio demográfico generalizado.

Aunque la amnistía de Sánchez solo se aplica a los migrantes que ya están en el país, una España que señale audazmente que es una excepción a la política migratoria cada vez más estricta del continente podría generar un aumento de los flujos de migrantes.

No hay nada más vano que predecir el legado de un político.

Por muy celebrada que fuera la decisión de Angela Merkel de acoger a los migrantes en 2015, su principal consecuencia no ha sido una Alemania más integradora, sino el ascenso del partido populista Alternativa para Alemania.

Hay indicios de que Sánchez, contrariamente a quienes lo ven como una fuerza compensatoria del creciente populismo de Occidente, podría llevar a España por el mismo camino que el país de Merkel ha recorrido durante la última década.

Christopher Caldwell

 

5 de febrero de 2026

Pedro Sánchez: Esta es la razón por la que Occidente necesita a los migrantes

Imagina que eres el líder de un país y te enfrentas a un dilema. En tu país viven alrededor de medio millón de personas que son cruciales para la vida cotidiana de todos. Cuidan de nuestros mayores, trabajan en pequeñas y grandes empresas, cultivan los alimentos que hay sobre la mesa.

También forman parte de tu comunidad. Los fines de semana pasean por tus parques, cenan en los mismos restaurantes que tú y juegan en el equipo de fútbol de tu barrio.

Pero algo crucial diferencia a este medio millón de personas del resto de tu país: no tienen permiso de residencia. Por lo tanto, no tienen los mismos derechos que tú y tampoco pueden cumplir con las mismas obligaciones. No pueden acceder a la educación superior, pagar impuestos ni aportar a la seguridad social.

¿Qué deberíamos hacer con estas personas?

Algunos dirigentes han optado por detenerlos y deportarlos mediante operaciones ilegales y crueles. Mi gobierno ha elegido un camino distinto: una vía rápida y sencilla para regularizar su estatus migratorio.

El mes pasado, mi gobierno promulgó un decreto que hace que hasta medio millón de migrantes en situación irregular que viven en España puedan obtener permisos de residencia temporales, con ciertas condiciones, que podrán renovar al cabo de un año.

Lo hemos hecho por dos razones.

La primera y más importante es moral. España fue en el pasado un país de emigrantes. Nuestros abuelos, padres e hijos se mudaron a América y a otros lugares de Europa buscando un futuro mejor en las décadas de 1950 y 1960 y tras la crisis financiera de 2008.

Ahora, las cosas han cambiado. Nuestra economía está prosperando. Son los extranjeros quienes llegan ahora a España. Es nuestro deber convertirnos en la sociedad acogedora y tolerante que nuestros familiares habrían esperado encontrar al otro lado de nuestras fronteras.

La segunda razón que nos hizo comprometernos con la regularización es puramente pragmática. Occidente necesita gente. Actualmente, pocos de sus países tienen una tasa de crecimiento demográfico creciente. A menos que acepten la migración, experimentarán un fuerte declive demográfico que les impedirá mantener a flote sus economías y servicios públicos.

Su producto interior bruto se estancará. Su sanidad pública y sus sistemas de pensiones se resentirán. Ni la IA ni los robots podrán evitar este resultado, al menos no a corto o medio plazo. La única opción para evitar el declive es integrar a los migrantes de la forma más ordenada y eficaz posible.

No será fácil.

Lo sabemos.

La migración trae consigo oportunidades, pero también enormes retos que debemos reconocer y afrontar. Pero es importante darse cuenta de que la mayoría de esos retos no tienen nada que ver con el origen étnico, la raza, la religión o el idioma de los migrantes.

Más bien, están impulsados por las mismas fuerzas que afectan al resto de la ciudadanía: pobreza, desigualdad, mercados no regulados, barreras para acceder a la educación y a la atención sanitaria.

Deberíamos centrar nuestros esfuerzos en abordar estos problemas, porque son estas, y no otras, las auténticas amenazas a nuestro modo de vida.

Hoy en día, no muchos gobiernos están de acuerdo con la regularización de los inmigrantes. Pero hay más gente que sí lo está de lo que a menudo suponemos.

El esfuerzo de regularización que se está llevando a cabo en España comenzó en realidad como una iniciativa ciudadana respaldada por más de 900 organizaciones no gubernamentales, incluida la Iglesia católica, y cuenta con el apoyo tanto de asociaciones empresariales como de sindicatos.

Y lo que es más importante, cuenta con el respaldo de la población: casi dos de cada tres españoles creen que la inmigración representa una oportunidad o una necesidad para nuestro país, según una encuesta reciente.

Puede que los líderes del estilo del movimiento MAGA digan que nuestro país no tiene la capacidad de acoger a tantos migrantes, que se trata de una medida suicida, el acto desesperado de un país que se hunde.

Pero no dejen que los engañen.

España está en auge.

Por tres años consecutivos, nuestra economía ha liderado el crecimiento entre los países más grandes de Europa. Hemos creado casi uno de cada tres nuevos puestos de trabajo en toda la Unión Europea, y nuestra tasa de desempleo ha caído por debajo del 10 por ciento por primera vez en casi dos décadas.

También ha crecido el poder adquisitivo de nuestros trabajadores, y los niveles de pobreza y desigualdad han caído a su nivel más bajo desde 2008. Esta prosperidad es el resultado del duro trabajo de los ciudadanos españoles, del esfuerzo colectivo de la UE y de una agenda integradora que considera a los inmigrantes como socios necesarios.

Lo que funciona para nosotros puede funcionar para otros. Ha llegado el momento de que los líderes hablen con claridad a sus ciudadanos sobre el dilema al que todos nos enfrentamos.

Las naciones occidentales debemos elegir entre convertirnos en sociedades cerradas y empobrecidas, o abiertas y prósperas. Crecimiento o retroceso: esas son las dos opciones que tenemos ante nosotros. Y por crecimiento no me refiero solo a la ganancia material, sino también a nuestro desarrollo espiritual.

Los gobiernos pueden optar por el pensamiento de suma cero de la extrema derecha y retirarse al aislamiento, la escasez, el egoísmo y la decadencia.

O pueden aprovechar las mismas fuerzas que, no sin dificultades, han permitido a nuestras sociedades prosperar durante siglos.

Para mí, la elección está clara. Y por el bien de nuestra prosperidad y dignidad humana, espero que muchos otros sigan el ejemplo.

Pedro Sánchez es el presidente del gobierno de España