No cabe ni en un Estado aconfesional con querida que las Cortes reciban al Papa

Más leña al fuego de la religión

Es extravagante que la Conferencia Episcopal Española pretenda que la visita de su Pontífice máximo (así lo llaman en nota oficial: Pontifex), sea loado de forma extraordinaria por las Cortes (“en sesión conjunta del Congreso y Senado”, piden). Nunca ocurrió antes. Parece extravagante que pudiera ocurrir ahora. León XIV viene a España como líder religioso, no como un jefe político.

Un teólogo famoso suele bromear con que España es un Estado aconfesional con querida.

Las otras religiones lo dicen sin rubor, enfadadas.

No echemos más leña al fuego de la religión.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ya ha solicitado formalmente a las presidencias del Congreso y del Senado la celebración de una “sesión conjunta con el Pontifex León XIV”, según la nota de su Oficina de Información, emitida el lunes. La petición se ha hecho “por indicación de la Santa Sede”, añade.

De aceptarse los deseos del Papa, será la primera vez que un pontífice de la Iglesia católica acuda a las Cortes en calidad de jefe de Estado. Está previsto que León XIV venga a España en viaje oficial entre los días 6 al 12 de junio para desarrollar una agenda centrada en su tradicional carisma religioso. Como adelantó EL PAÍS el pasado 26 de febrero, la sesión conjunta de las Cortes con el Papa se celebrará previsiblemente el lunes 8 en el Congreso de los Diputados.

¿Un pontífice en las Cortes Españolas? Sería la primera vez, y no parece que, de producirse, lo sea por casualidad. Por mandato constitucional, España es un Estado aconfesional. Las visitas de los papas, ocho desde el fin de la dictadura, tienden a olvidar que el nacionalcatolicismo franquista se acabó en 1976.

Incluso antes, quizás: el caudillo Franco, irritado por las repercusiones aperturistas del concilio Vaticano II ―llegó a abrir una cárcel en Zamora solo para curas rebeldes―, prohibió que Pablo VI viniera a Madrid en 1970, para que no le hiciera sombra ni enredara en la política nacional.

“En el nombre de la Santísima Trinidad”.

Con este encabezamiento, todo en mayúsculas, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el texto del concordato entre España y la Santa Sede. Era el 19 de octubre de 1953 y todo se hacía, según una farragosa exposición de motivos, en aras de regular “las recíprocas relaciones de las Altas Partes en conformidad con la Ley de Dios”.

En esa idea, la parte vaticana, eufórica, conseguía del Estado español (artículo I) el carácter de “única religión de la Nación”, con el compromiso de perseguir a todas las demás; la promesa de “gozar de los derechos que le corresponden en conformidad con la Ley Divina”; que el Estado le suministrase los medios necesarios para su funcionamiento (textualmente, “una congrua dotación”), y sobre todo, ya puestos, conquistaba esta definición sobrenatural (artículo II.1): “El Estado español reconoce a la Iglesia el carácter de sociedad perfecta”.

Pese a tanta parafernalia, el concordato no había sido un camino de rosas. Tardó en fraguarse 16 años porque Franco quería para sí todo el poder, también sobre la Iglesia romana (en imitación de Felipe II), mientras que Pío XII, que siendo nuncio en Berlín había negociado con Hitler otro concordato, estaba escarmentado de frivolidades totalitarias pese a ser, también él, un jefe de Estado teocrático por gracia de otro dictador, Mussolini, que había devuelto en 1929 a la Santa Sede alguna de las propiedades perdidas a manos de Garibaldi, además del título de Estado, que lo es con apenas 800 habitantes, la inmensa mayoría hombres.

Fueron los tiempos del nacionalcatolicismo, donde los obispos, en la práctica súbditos del Vaticano, se erigieron en el principal apoyo de la dictadura a cambio de que Franco, que los elegía, les tratara a cuerpo de rey, nunca mejor dicho.

El teólogo claretiano Fernando Sebastián, rector durante casi una década de la Universidad Pontificia de Salamanca, se maravillaba de que, con esos precedentes, la Iglesia católica hubiera salido viva del franquismo. El papa Francisco le hizo cardenal cumplidos ya los 84 años.

Las consecuencias se ven ahora: en la antaño “reserva espiritual de Occidente”, en frase de Franco, la secularización y la crisis del catolicismo son mucho más intensas que en el resto de Europa.

Por mandato constitucional, España es un Estado aconfesional.

El nacionalcatolicismo se acabó en 1976, fecha del primero de los cinco Acuerdos (con ese nombre) negociados en secreto por el Gobierno de Adolfo Suárez mientras se redactaba la Constitución. Primeras componendas:

1. El Rey dejó de meter mano en la elección de los obispos, pero se reservó el nombramiento del Vicario General Castrense, con grado de general de División.

2. El Papa, para elegir obispos, sigue obligado a notificar el nombre del designado al Gobierno “por si existiesen objeciones de índole política” y se entenderá que no existen si el Ejecutivo de turno “no las manifiesta en el término de quince días”.

Y 3. El secretismo confesional: “Las diligencias correspondientes se mantendrán en secreto por ambas Partes”.

Extravagancias aparte, mal está que la Iglesia romana siga manteniendo muchos de los privilegios del franquismo, en exclusiva, pese a que funcionan ya, a plena luz del día, varios cientos de otras religiones, muchas con notorio arraigo y millones de fieles.

Raro, también, que el Estado gaste miles de millones en pagar sueldos de obispos, sacerdotes, capellanes en cárceles, hospitales, cuarteles, cementerios y universidades, y a miles de profesores de catolicismo en escuelas públicas y concertadas, o para el mantenimiento de las iglesias y catedrales que los prelados han inmatriculado a su nombre pese a tenerlo prohibido por el mismísimo Franco.

Pero aún más extravagante es que la Conferencia Episcopal Española pretenda que la visita de su Pontífice máximo (así lo llaman en nota oficial: Pontifex), sea loado de forma extraordinaria por las Cortes (“en sesión conjunta del Congreso y Senado”, piden).

Nunca ocurrió antes.

Parece extravagante que pudiera ocurrir ahora.

León XIV viene a España como líder religioso, no como un jefe político.

Un teólogo famoso suele bromear con que España es un Estado aconfesional con querida.

Las otras religiones lo dicen sin rubor, enfadadas.

No echemos más leña al fuego de la religión.

Juan G. Bedoya