Israel y el coste de vivir en guerra permanente

Israel y el coste de vivir en guerra permanente: siete frentes abiertos y ningún final a la vista

El Estado de Israel no entró en guerra en octubre de 2023. Sus conflictos con los vecinos se remontan a 1948, a la contienda de 1967 y a la presencia militar continuada en Cisjordania y Gaza desde entonces, así como a la invasión del sur del Líbano entre 1982 y 2000.

Lo que cambió con el ataque de Hamás del 7 de octubre fue la escala. Desde entonces el país combate de forma simultánea en varios frentes sin un acuerdo a la vista en ninguno de ellos.

Sin objetivo final

Esa manera de entender la seguridad tampoco es nueva.

Benjamin Netanyahu la expuso hace más de tres décadas en A Place Among the Nations, publicado originalmente en 1993 y reeditado en 2000 como A Durable Peace, donde abogaba por una paz apuntalada en la disuasión y la fuerza, nunca en la reconciliación.

La guerra prolongada no es otra cosa que la aplicación coherente de aquella idea.

Pero toda guerra necesita un endgame, el objetivo final que define en qué consiste ganar y cuándo es conveniente detenerse.

Israel libra sus campañas sin ese criterio. Yossi Mekelberg, investigador sénior para Oriente Medio y Norte de África de Chatham House, identifica hasta siete frentes activos.

• Gaza, sometida a un alto el fuego precario desde octubre de 2025 mientras el ejército amplía unilateralmente el control territorial.
• Líbano, con la reciente toma del castillo de Beaufort y el avance al norte del río Litani hacia Nabatieh.
• Irán, bajo bombardeo desde el 28 de febrero con una tregua frágil que Tel Aviv no deja de vulnerar
• Siria, avanzando posiciones dentro del territorio tras la caída de Bashar al-Asad.
• Cisjordania, sometida a una expansión acelerada de asentamientos y violencia de colonos
• Yemen, en conflicto con los hutíes.
• Irak, donde se enfrenta a milicias proiraníes.

Una democracia en retirada

Los índices de referencia cuestionan hasta qué punto Israel sigue siendo una democracia. En 2024, el Instituto V-Dem le retiró la categoría de “democracia liberal” por primera vez en más de medio siglo y lo reclasificó como “democracia electoral”, un régimen donde se vota pero los derechos civiles y la igualdad ante la Ley dejan de estar protegidos.

En su último informe, sitúa al país entre los 44 Estados en fase de autocratización, tendencia global en la que la censura de los medios es una herramienta extendida por las autoridades.

Freedom House rebajó hasta ocho puntos su calificación, constatando un franco deterioro de las libertades civiles durante la última década y situando al Estado hebreo al nivel de Namibia o Brasil.

Un hito de este menoscabo continuado fue la reforma judicial de 2023, que pretendía anular el control del Tribunal Supremo sobre el Parlamento y desató las mayores protestas de la historia del país.

La deriva autoritaria se explica en parte por aquellos que sostienen al Gobierno: la coalición de Netanyahu se apoya en su partido, el Likud, y en dos formaciones de extrema derecha.

La primera es Poder Judío (Otzma Yehudit), del ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, heredero del movimiento kahanista fundado por Meir Kahane. Ben Gvir se mantiene en el cargo a pesar de su racismo antiárabe y las continuas polémicas que protagoniza.

La segunda fuerza ultraderechista aliada de Netanyahu es Sionismo Religioso (HaTzionut HaDati), de Bezalel Smotrich, el titular de Finanzas. Surgido del movimiento de colonos religiosos de Cisjordania, personifica la agenda anexionista.

Completan el bloque dos partidos ultraortodoxos, Shas y Judaísmo Unido de la Torá (Yahadut HaTorah).

Para un primer ministro procesado por corrupción, esa alianza es la condición de su permanencia en el poder, pero incluso de su libertad personal.

La dependencia de los socios más radicales condiciona cada decisión, desde la política penitenciaria hasta una salida en cualquiera de los frentes abiertos.

La hegemonía de los socios ultra se proyecta sobre la minoría árabe.

El sociólogo Sammy Smooha describió a Israel como modelo prototípico de democracia étnica, un sistema que combina instituciones democráticas con la dominación de un grupo que se mantiene inalterable a condición de hurtar cualquier alternativa política a las minorías. Los ciudadanos árabes israelíes, algo más del 21 % de la población, ocupan esa posición.

La Ley de pena de muerte para palestinos condenados por matar israelíes, así como la asimetría entre el 99,74 % de casos que terminan en condenas para los encausados árabes por tribunales militares y tan solo un 3 % contra colonos –según datos de la organización israelí de derechos humanos Yesh Din– ilustran esa jerarquía.

B’Tselem no dudó en calificar de apartheid ya en 2021 el “régimen de supremacía judía entre el río Jordán y el Mediterráneo”.

La sociedad que no ve la guerra

El deterioro de la libertad de prensa, el pluralismo mediático y la independencia editorial han hecho caer a Israel del puesto 86 en 2022 al 116 en 2026 que anualmente elabora Reporteros Sin Fronteras.

El Instituto Reuters documenta con detalle cómo la televisión israelí apenas muestra imágenes de la destrucción en Gaza y análisis independientes dan cuenta de un silencio sin precedentes en los grandes medios israelíes.

El gobierno de Netanyahu sancionó económicamente al periódico en hebreo Haaretz y también se endureció la censura militar de coberturas informativas hasta niveles inéditos.

Los israelíes padecen las consecuencias de conflictos que no llegan a ver, si bien no toda la sociedad acepta este marco. Las manifestaciones antigubernamentales han ganado fuerza con los ataques contra Irán y se multiplican las protestas contra la guerra. Encabezada por Yair Lapid y Yair Golan, la oposición denuncia la deriva iliberal y exige una comisión de investigación sobre los sucesos el 7 de octubre de 2023.

Las dinámicas en curso preceden a la actual coalición gubernamental. Omer Bartov, profesor de Estudios del Holocausto en la Universidad de Brown (Estados Unidos) y nacido en un kibutz, indaga cómo el sionismo, nacido como movimiento de emancipación de la minoría judía perseguida en Europa, derivó en ideología etnonacionalista y de dominación.

Bartov se pregunta cómo un Estado fundado con apoyo internacional tras el Holocausto opera hoy con impunidad frente al mismo orden jurídico que aquel crimen contribuyó a construir.

La expansión de asentamientos en Cisjordania –más de 700 000 colonos frente a apenas 10 000 en 1972– y las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional son la expresión más reciente de un proceso que arranca décadas antes de que Netanyahu llegara al poder y que ningún gobierno israelí anterior interrumpió.

138 000 millones de dólares en conflictos

El coste de la guerra permanente es también material.

El gobernador del Banco de Israel, Amir Yaron, cifró en 405 000 millones de shekels (unos 120 000 millones de euros) el coste total de los conflictos desde el 7 de octubre hasta finales del pasado mes de abril, que representa más del 17 % del PIB.

El economista Esteban Klor, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, considera que los israelíes “pagan dos veces” por la guerra: la deuda pública, que pasó del 60 % al 69 % del PIB desde 2022; y los recortes en gasto social, sanidad e infraestructuras.

El turismo, que antes del 7-O generaba alrededor del 3 % del PIB, registró entre enero y mayo de 2026 apenas 356 400 llegadas internacionales, frente a las 565 300 del mismo período de 2025, lo cual representa una caída del 37 %.

Fractura económica y política confluyen en un mismo punto: la exención del servicio militar de los ultraortodoxos, en torno al 13 % de la población, tensiona la coalición que mantiene a Netanyahu en el poder.

El Banco Central estima en 10 000 millones de shekels (unos 2 500 millones de euros) anuales el coste de esa no incorporación.

Al desgaste interno se suma un creciente aislamiento exterior. Francia, Reino Unido, España y Canadá han reconocido formalmente el Estado palestino y una docena de países ha aprobado un embargo de armas contra Israel.

España, Irlanda, Eslovenia, Países Bajos e Islandia se retiraron de Eurovisión 2026 por la participación israelí, episodio precedido por las protestas contra el equipo ciclista Israel-Premier Tech en La Vuelta Ciclista a España.

Israel evidencia elevadas capacidades militares mientras su sistema democrático se degrada y su cohesión se fractura.

Un Estado fundado tras el Holocausto con el mandato de garantizar seguridad y dignidad al pueblo judío ocupa territorios de terceros países, afronta acusaciones de genocidio, aprueba penas de muerte discriminatorias y erosiona los derechos de sus propios ciudadanos.

Es la paradoja de una potencia militar que libra guerras sin objetivo definido ni amparo en el derecho internacional, con una sociedad partida cada vez más sola en el mundo.