Corrupción, responsabilidad política y democracia: lo que cuestan los escándalos.

 En las últimas semanas, dos autos judiciales de la Audiencia Nacional han sacudido la actualidad política española. El juez José Luis Calama ordenó registrar el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y varios locales vinculados a empresas de su entorno, en el marco de una investigación por indicios de tráfico de influencias y otros presuntos delitos.

Una semana más tarde, el juez Santiago Pedraz ordenó el registro de la sede nacional del PSOE en el contexto de una investigación sobre la posible financiación por el partido de una operación de acoso y destrucción de pruebas para desvirtuar investigaciones en marcha contra líderes de este partido.

Ninguno de estos hechos implica en estos momentos una culpabilidad establecida.

Son indicios, no certezas.

Pero su impacto sobre la opinión pública es inmediato, y sus consecuencias para la salud democrática merecen un análisis sereno, más aún cuando estas investigaciones se suman a otros casos en marcha como los que afectan a dos exsecretarios de organización del mismo partido, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

¿Confiamos en los políticos?

Esta acumulación de escándalos –reales, presuntos, confirmados o archivados– tiene consecuencias institucionales que los datos miden con precisión.

Según el Standard Eurobarometer 104 de otoño de 2025, el último disponible, solo el 17 % de los españoles confía en los partidos políticos, frente al 81 % que declara no confiar en ellos. La confianza en el gobierno nacional se sitúa en torno al 28-30 %.

Estas cifras no son solo un termómetro del estado de ánimo: tienen efectos concretos. Cuando los ciudadanos perciben que las reglas del juego no se aplican a todos por igual, el incentivo para cumplirlas se debilita.

Cuando los votantes creen que todos los partidos son igualmente corruptos, el voto pierde eficacia como mecanismo de rendición de cuentas. Y cuando las empresas perciben que el acceso a contratos públicos depende más de las conexiones que de la calidad de la oferta, la competencia real se deteriora: el Eurobarómetro flash sobre empresas de 2025 recoge que el 75 % de las empresas españolas detectó conflictos de interés en licitaciones públicas.

En democracias como la alemana, las escandinavas o la neerlandesa, los políticos afectados por un escándalo, incluso cuando son meros investigados, sin condena alguna, o los superiores de quienes lo están siendo, suelen dimitir de sus cargos públicos.

No porque asuman ninguna culpabilidad penal, sino por una razón que los propios afectados suelen explicar con claridad: no quieren que las sospechas sobre su conducta personal contaminen la autoridad de la institución que representan ni erosionen la confianza ciudadana en ella.

La dimisión, en este contexto, no es una derrota sino un acto de servicio público. Es la expresión de que el cargo se ejerce en nombre de los ciudadanos y que, cuando ese ejercicio se ve comprometido por las circunstancias, lo correcto es apartarse para que la institución no sufra.

Esta cultura de la responsabilidad política no es un lujo moral: tiene efectos medibles sobre la confianza institucional. Los países donde funciona con regularidad son precisamente los que presentan niveles más altos de confianza en los partidos, en los gobiernos y en los parlamentos.

La relación causal no es sorprendente: cuando los ciudadanos ven que los políticos anteponen el interés institucional al propio, la confianza se mantiene incluso en momentos de escándalo. Y si lo que ven es resistencia, negación y supervivencia a cualquier precio, la desconfianza se generaliza y se vuelve difícil de revertir.

España ha tenido casos excepcionales de responsabilidad política voluntaria, pero no ha desarrollado una cultura sistemática en este sentido. El patrón dominante ante los escándalos ha sido la resistencia: aferrarse al cargo mientras el proceso judicial no lo impida formalmente, exigir sentencia firme como única condición de salida y tratar cualquier llamada a la dimisión como un ataque político.

El resultado está en los datos: niveles de confianza institucional entre los más bajos de la Unión Europea y una percepción de impunidad que se retroalimenta.

El caso de Estonia

La evidencia comparada ofrece, sin embargo, una perspectiva menos fatalista. Países que han superado situaciones similares –Estonia es el ejemplo más reciente en el contexto europeo– lo han hecho combinando dos tipos de cambio: por un lado, reformas institucionales concretas en materia de profesionalización de la administración pública, transparencia, financiación de partidos y contratación pública; y por el otro, el desarrollo progresivo de una cultura política donde la responsabilidad ante los ciudadanos no se reduce a sobrevivir entre elecciones.

Los dos elementos son necesarios: las reformas sin cultura de rendición de cuentas se vacían de contenido; la cultura sin reformas institucionales carece de los instrumentos para materializarse.

Los datos de encuestas muestran que los españoles no han aceptado la corrupción como un mal inevitable. De hecho, la rechazan con más intensidad que la media europea. Ese rechazo, sostenido y mayoritario, es el principal activo con el que cuenta la democracia española para salir de este círculo.

Lo que falta no es sensibilidad cívica. Lo que falta es que ese rechazo se traduzca en dos cosas a la vez: reformas institucionales que cambien los incentivos estructurales y una nueva cultura política en la que dimitir cuando las circunstancias lo aconsejan sea visto como un signo de fortaleza democrática, no de debilidad personal.

Fernando Jiménez Sánchez