No hay vivienda asequible, porque las administraciones lo impiden

 

Este experto pone el acento en la falta de vivienda asequible como consecuencia de 18 años de desinversión estructural, del intervencionismo político y de la pérdida de confianza de la inversión privada.

Estamos en un momento objetivamente ideal para promover vivienda destinada a venta o alquiler.

Existe una fuerte sobredemanda como consecuencia de una falta de planificación y de oferta en los últimos 15 años.

¿Por qué entonces el sector está parado, absolutamente parado, en vivienda asequible?

Porque se ha creado un entorno desincentivador, castigador y contrario a la iniciativa de creación de nuevas viviendas y a la permanencia del parque de vivienda protegida en arrendamiento.

El daño es doble: no solo se impide la construcción y reposición del millón y medio de viviendas no construidas desde 2008 —casi 18 años de ausencia de vivienda protegida—, sino que también se deteriora la cartera existente, que previsiblemente acabará saliendo del mercado.

Daño por todos los frentes.

Así, pueden observarse grandes proyectos inmobiliarios en España, pero orientados a naves industriales, sectores turísticos o alojamientos con servicios fuera del ámbito estricto de la vivienda.

Son, sin embargo, muy poco representativos los destinados a vivienda asequible.

¿Por qué?

Porque las administraciones, las políticas y los responsables políticos han convertido el terreno de juego en un espacio inestable, con claro perjuicio para el conjunto de la sociedad.

Si no hay construcción de vivienda privada asequible para arrendamiento con participación del sector privado, no existe estrategia viable de vivienda. Si se castiga, no se escucha y se dificulta la iniciativa privada en la construcción de vivienda —con la magnitud de inversión que se requiere en este momento—, no habrá más que discursos y promesas políticas, mientras el mercado seguirá bloqueado y el problema se agravará.

Desconfianza e inseguridad jurídica

¿Qué ocurriría si, en lugar de penalizar a los bancos con subidas de impuestos y discursos demagógicos, se hubiera buscado hace ocho años un acuerdo de colaboración de país?.

 ¿Y si se hubiera promovido su implicación en un 0,5% o un 1% de su balance en el desarrollo de vivienda asequible, junto con planes cuatrienales y facilidades de crédito?

Probablemente, la situación hoy sería radicalmente distinta.

¿Dónde van esos impuestos recaudados con tanta publicidad?

No se sabe.

En reducción del déficit, no. En vivienda, tampoco. En el pago de compromisos con el ELA, tampoco. Quizás estén, dentro de los presupuestos de los últimos tres años, en paradero desconocido.

Cuando una comunidad autónoma plantea alterar planes de vivienda en alquiler o restringirlos —incumpliendo acuerdos, normas y la confianza generada—, ningún inversor querrá comprometerse a largo plazo con una administración que no garantiza estabilidad.

Nadie firma contratos a 20, 30 o 40 años bajo inseguridad jurídica.

Cuando la Administración rompe la confianza en los contratos, altera pactos o incumple la normativa, la consecuencia lógica es la retirada de la inversión: dejar de construir o vender activos y abandonar el mercado del alquiler asequible. El resultado es claro: menos vivienda disponible y mayor tensión en el mercado.

Intervencionismo y efectos en el mercado

Cuando los responsables autonómicos tratan de modificar los planes cuatrienales de vivienda o de limitar actualizaciones de rentas incluso con efectos retroactivos, parece evidente que no comprenden el valor real del dinero en el tiempo. Sin embargo, sí defienden la actualización de sus salarios conforme al IPC cada año.

Existe, por tanto, un entendimiento selectivo: cuando el perjuicio recae en terceros, se acepta; cuando afecta al propio bolsillo, se rechaza.

Esa incoherencia debilita la credibilidad del sistema.

El resultado de este intervencionismo es previsible: menor inversión en vivienda, reducción de la oferta y deterioro del mercado. En Galicia, por ejemplo, determinadas modificaciones han reducido los precios de viviendas de protección en alquiler hasta niveles de 250 euros mensuales para pisos de dos habitaciones con trastero y garaje, mientras se concedían ayudas de hasta el 40% para rehabilitación de vivienda libre con alquileres limitados a 700 euros.

Este tipo de decisiones, adoptadas sin consenso con el sector, generan inseguridad jurídica, rompen la coherencia normativa y erosionan la confianza en las instituciones.

El mensaje que se transmite al inversor es claro: “sálvese quien pueda”.

Consecuencias estructurales

La consecuencia directa de estas políticas es conocida: menor oferta de vivienda, especialmente en alquiler asequible, y una mayor dificultad de acceso para quienes aún no disponen de vivienda.

El resultado final es un mercado tensionado, donde se beneficia a quienes ya tienen contrato, pero se perjudica a quienes buscan acceso a una vivienda o movilidad laboral.

La experiencia internacional demuestra que la intervención inestable en el mercado de vivienda reduce la oferta disponible. Y sin oferta, no hay movilidad laboral, ni emancipación, ni equilibrio social.

Conclusión

Las políticas actuales parecen orientadas más a generar impacto mediático que a resolver el problema estructural de la vivienda. Frente a ello, los informes del Banco de España, la CECA o los planes europeos coinciden en la necesidad de aumentar la oferta y facilitar la inversión.

Cerrar la viabilidad del mercado de alquiler o de la vivienda de protección oficial sin alternativa real solo puede responder a dos escenarios: desconocimiento técnico o cálculo político. En ambos casos, el resultado es el mismo: el deterioro del acceso a la vivienda.

El Estado y las comunidades autónomas no pueden, por sí solos, asumir la política de vivienda sin la colaboración del sector privado. El déficit de oferta es estructural y solo se resolverá con más construcción, no con menos.

Sin viviendas, no hay paraíso.

Severino Fernández