Sorpresas judiciales
Intentar resolver políticamente la integración de Catalunya en
el Estado español de una manera que resulte aceptable tanto para los ciudadanos
de Catalunya como para los del resto del Estado es endiabladamente difícil.
Pero intentar resolver el problema por vía judicial es mucho más
que difícil.
Aunque al desplazar la respuesta a los tribunales de Justicia
puede parecer que se va a controlar el curso de los acontecimientos, ocurre
todo lo contrario.
Mientras un problema de naturaleza política se mantiene dentro
del campo de la política, hay alguna posibilidad de abordarlo desde la
negociación.
Cuando un problema de esa naturaleza es desplazado al terreno de
la administración de justicia, tal posibilidad desaparece.
No hay manera de controlar el curso de los acontecimientos.
Y ya no se puede negociar.
No solamente no se gana en seguridad, sino que se produce todo
lo contrario.
Puede que Mariano Rajoy y el Fiscal General del Estado José
Manuel Mazas estuvieran seguros de que activando querellas por el delito de
rebelión contra Carles Puigdemont y otros políticos nacionalistas catalanes
iban a controlar el procés y en poco tiempo el Tribunal Supremo dictaría una
sentencia con la que pondría a cada uno en su sitio.
Una vez dictada la sentencia, se podría volver a recurrir a la
política, pero con la base sólida de una sentencia firme, con valor de cosa juzgada.
Pero esa confianza en la acción de la justicia era una
ensoñación.
Los meandros por los que puede discurrir un proceso judicial son
casi tan numerosos como aquellos por los que puede transitar la acción
política.
Como, además, están codificados y hay derechos que se pueden
hacer valer en cada uno de dichos meandros, el enmarañamiento puede resultar
inmanejable.
El intento de procesar a Carles Puigdemont y demás políticos
nacionalistas por el delito de rebelión lo está dejando claro.
El Tribunal Supremo ha perdido el control del proceso.
No puede proceder contra Carles Puigdemont tras la decisión del
Tribunal Superior de Schleswig-Holstein y, al no poder hacerlo, tampoco puede
proceder contra los demás querellados sin quebrar la "cadena de
legitimidad democrática" en que consiste el Estado Constitucional, ya que,
de todos los querellados, únicamente Carles Puigdemont es portador de
legitimidad democrática a través de la investidura.
Todos los demás la han recibido de él.
Su procesamiento deriva del procesamiento del president, es un
corolario del procesamiento del president.
El Tribunal Supremo podría abrir juicio contra Carles Puigdemont
exclusivamente, dejando fuera a los demás.
Pero lo que no puede es procesar a los demás, sin procesar a
Carles Puigdemont.
Esto es una consecuencia insoslayable del principio de
legitimación democrática del poder.
Pero es que hay más.
Con la errática instrucción del juez Pablo Llarena, que le ha
llevado a retirar primero la euroorden dictada en su día por la jueza Carmen
Lamela ante la justicia belga, a dictar después una nueva euroorden para volver
a retirarla, el juez instructor ha afectado a derechos fundamentales de Carles
Puigdemont negándole al mismo tiempo la posibilidad de defenderse.
Tras la emisión de las dos euroórdenes, Puigdemont se tuvo
que poner a disposición de la justicia belga y, aunque no se adoptaron contra
él medidas privativas de libertad, sí se vio sometido a restricción de
movimientos y a la comparecencia periódica ante el juzgado correspondiente.
Tuvo que contratar un abogado para defenderse, incurriendo en
los gastos que tal contratación conlleva.
Y al final, al ser retirada la euroorden, no ha podido
defenderse y tener una respuesta judicial frente a la acusación que el juez
instructor español le dirigía.
Con su actuación de dictar y retirar la euroorden, Llarena le ha
abierto la puerta a Puigdemont ante la justicia belga.
Es el juez instructor español el que ha tomado la iniciativa.
Puigdemont únicamente está reaccionando ante la iniciativa del juez.
Si no hubiera retirado la euroorden, no podría haber planteado
la demanda civil ante la justicia belga.
Tras la retirada, Puigdemont, que es un ciudadano en pleno
ejercicio de todos sus derechos fundamentales, porque no ha sido privado de
ninguno de ellos mediante sentencia judicial firme, que reside en Bélgica y que
se ha visto afectado en el ejercicio de sus derechos por el juez instructor sin
darle posibilidad de defenderse, tiene todo el derecho del mundo a demandar a
dicho juez instructor y a exigirle responsabilidad por su errática instrucción.
Es el propio juez Llarena el que se ha puesto en una posición
jurídica insostenible.
No estamos ante un ataque grosero a la integridad de la justicia
española, como ha dicho Llarena.
Es una reacción de legítima defensa frente a una instrucción
errática.
El 4 de septiembre se va a producir una nueva sorpresa.
Y no será la última.
Vamos de disparate en disparate .
Javier
Perez Royo
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