Rescatando a Llarena
Hasta la fecha el sufrido contribuyente español se ha visto
abocado a rescatar bancos y concesionarios de autopistas varios, pero no se
había dado el caso hasta el momento de que se nos pidiera que rescatáramos a un
juez.
Sin embargo, eso es exactamente lo que está sucediendo.
El magistrado Llarena, con el dudoso apoyo de su amigo Lesmes,
el amo del calabozo del CGPJ, pretende que se utilice dinero público para pagar
la representación legal de Pablo Llarena en un pleito civil en Bruselas y,
además, que en caso de que éste se pierda y sea condenado, se utilice el dinero
de todos para pagar la indemnización, que sería simbólica, y hacer frente a las
costas, que no lo serían tanto.
Ya saben, era esa demanda civil
presentada por Puigdemont y los ex consellers Serret, Comin, Puig y Ponsatí de
protección del honor por manifestaciones privadas realizadas por el magistrado
en conferencias (patrocinadas por BMW, en FAES y en universidades de verano) en
las que se habría vulnerado su derecho a la presunción de inocencia por parte
del juez que instruye su caso.
Esa demanda civil que le partía la caja a Llarena y al resto del
mundo y que el entonces juez decano de Madrid consideró que no debía ni de
hacerle llegar.
Esa demanda que ha seguido su curso legal y que mantiene su
citación para septiembre.
Lo que era una coña y una ocurrencia hace dos meses ha terminado
poniendo en marcha mecanismos inauditos para el rescate de Llarena.
Con el dinero de todos.
Y ojo a eso.
Porque lo que se sustancia en Bruselas -lugar de residencia de
los demandantes- es si el magistrado Llarena, que en sus escritos judiciales
considera presuntos autores de un delito de rebelión y malversación a los
catalanes, ha cometido un ilícito civil al dar por hecho en manifestaciones
privadas que lo han cometido.
Se preguntarán ¿y qué tiene que ver el CGPJ y el Ministerio de
Justicia y, sobre todo, nuestro dinero con lo lenguaraz que sea Llarena o lo
que se le escape el subconsciente cuando va por ahí de gira?
Pues eso mismo me pregunto yo y me parece que también Justicia
debe de estudiar muy bien la situación antes de tomar una decisión que pudiera
suponer una mala utilización de fondos públicos, ya que esto tiene un nombre
muy feo. Ya saben.
¡A él no le interfería nada! Hace unos días, sin embargo, el
juez presentó una petición de amparo ante el CGPJ al encontrarse perturbado en
su independencia.
¿Y cómo puede uno no tener interés alguno y desestimar una
recusación por un tema y semanas después afirmar que ese tema le perturba tanto
que precisa amparo?
Pues ya ven.
Voy a intentar explicárselo.
El imperturbable magistrado se ha dado cuenta de que el
procedimiento civil belga sigue adelante y que podía optar por estar
representado o en ausencia.
Esto último no permite ninguna defensa así que ¿tenía que
contratar un abogado y pagarlo de su bolsillo?
Vaya faena.
Además, pensándolo bien, incluso podía perder y aunque las
indemnizaciones ascendieran a cinco euros, el pago de las costas incluyendo los
honorarios de los abogados podía dispararse a un pico.
Con el bolsillo propio amenazado, Llarena ha pedido sopitas.
Estas sopitas no eran de fácil cocción.
Me cuentan que el propio Lesmes afirmó en la Permanente que tuvo
una conversación con la Abogada General del Estado para ver cómo se podía hacer
que fuera la Abogacía la que se hiciera cargo de la situación.
Esta le dijo que así, sin que se excitara la cuestión desde el
Consejo, iba a ser más bien imposible.
Así que, se pusieron a excitar y la excitación ha consistido en
la utilización espuria de la figura del amparo que está pensada para preservar
la independencia judicial respecto a otros poderes del Estado.
No acaban ahí las invenciones y
las anomalías.
De facto para conceder el amparo se vivió una sesión de alta
tensión de la Comisión Permanente del CGPJ en la que no faltaron literalmente
los gritos.
Y es que la solicitud de amparo de Llarena no debería de haber
sido ni siquiera tramitada.
La ley recoge un plazo preclusivo de diez días para presentarlo
desde el momento en que se produzca el hecho perturbador.
Se ha llegado a rechazar la tramitación de peticiones de amparo
por pasarse un día del plazo.
Pues bien, la de Llarena se ha pasado no un día sino casi dos
meses.
Este motivo fue alegado por una de las vocales que se negaba
siquiera a estudiar la petición al considerarlo ilegal.
Nada importó al bulldozer Lesmes.
Además, la petición de amparo conlleva un error conceptual dado
que el mecanismo para garantizar la independencia poco tiene que ver con las
acciones privadas de un magistrado y la posibilidad de que éstas le cuesten la
pasta.
Así que se habla de proteger frente a inmisiones del extranjero
la indemnidad de la jurisdicción española cuando ningún riesgo sufre en un
procedimiento personal, pero es que, además, eso no constituiría tampoco motivo
de amparo.
Lo cierto es que en la tumultuosa reunión llegó a resonar la
frase: “A ver, que estamos hablando de dinero respecto de una persona que vive
de su sueldo”.
Así que se exige el rescate del magistrado Llarena y así se lo
ha hecho llegar el CGPJ al Ministerio de Justicia.
La demanda civil presentada en
Bélgica dice textualmente: “el juez Llarena ha cometido una falta AL MARGEN DE
SU FUNCIÓN JURISDICCIONAL”.
Ahora Lesmes ha decidido que, si el magistrado ha sido un
bocazas, lo tenemos que pagar todos.
El Ministerio ya ha dicho que la Abogacía del Estado no puede
actuar y que, en todo caso, habría que contratar abogados.
Ojo con esto. Ojo.
Usar fondos públicos para pagar abogados en asuntos privados es algo
no aceptable. De nombre feo.
No hay motivos para que los
ciudadanos rescatemos a un magistrado bocazas.
A ver cómo lo explican.
Elisa
Beni
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