Malos tiempos para la libertad de expresión

La Ley Mordaza, la reforma del Código Penal y las actuaciones recientes de la Audiencia Nacional han reducido las libertades públicas en España a niveles propios de otros tiempos.

La mayor parte de los ciudadanos de este país pensábamos que los tiempos oscuros de silencio y censura habían quedado atrás, pero nos equivocábamos.

Por mucho que insistan desde los grandes medios oficialistas en hacernos creer que este es un país libre, España ha vivido en los últimos años un enorme retroceso en libertades individuales y colectivas. 

Hemos presenciado atónitos un brutal incremento de ataques contra la libertad de expresión ejercida directamente desde el Estado.

Negar eso es cerrar los ojos ante la cruda realidad que nos aplasta.

Según Amnistía Internacional en España se están restringiendo de forma desproporcionada los derechos y las libertades, tanto usando la ley como prácticas policiales.

Los informes de esta organización afirman que sin lugar a dudas hoy gozamos de menos libertad de expresión que hace diez años.

Más de 34000 personas han sido multadas por publicar opiniones o imágenes en redes sociales.

Se ha detenido a titiriteros y artistas, condenado a raperos y tuiteros, retirados libros y portadas de revistas del mercado, censurado exposiciones de arte y aplicado mil formas más de represión.

Lo que nos muestra de forma muy evidente que vivimos en una democracia, como poco, defectuosa.

La aplicación desmesurada del Codigo Penal a la libertad de expresión tiene un claro objetivo: imponer la autocensura. 

¿Quién no se ha parado un momento a repasar un tuit o un texto de Facebook antes de lanzarlo? ¿Lo hacíamos antes? No, claro que no, porque no nos sentíamos amenazados.

Ahora todos los usuarios de RRSS pensamos antes de escribir. 

Nos han obligado a hacerlo. Somos más “responsables”, nos inhibimos, somos tibios, porque plasmar la realidad, tal y como es, nos puede costar muy caro.

El poder ha conseguido justo lo que pretendía, que entráramos en una espiral de silencio autoimpuesto que solo beneficia a los que quieren mantener ocultas sus miserias.

Hoy ya no resulta fácil hacernos callar a hostia limpia como en épocas más gloriosas. Queda feo.

Por eso prefieren que el temor que nos han inoculado les haga parte del trabajo. Si por un tuit puedes acabar en la cárcel, está claro que te lo piensas.

Y si no es lo bastante “terrorista” como para meterte entre rejas, siempre quedarán las sanciones económicas. 

Acribillar a alguien a base de multas también es una forma de amedrentar. Porque el bolsillo duele, sobre todo a los que no han robado de la caja pública para tenerlo lleno a rebosar.

Pedir penas de prisión o infligir multas solo por usar la sátira o la mofa en redes sociales son formas de coacción y hostigamiento. 

Ya sea por ley o por intimidación, el Gobierno del Partido Popular encontró distintas formas de controlar la libertad de expresión y, por ende, ese tipo de creatividad basada en el ingenio y el humor inteligente que tanto ha molestado siempre a la derecha rancia de este país.

La libertad de expresión está en peligro: cualquier chiste, crítica, burla o salida de tono puede criminalizarse. Cada caso de persona represaliada es una advertencia al resto de la ciudadanía, una amenaza de lo que nos puede ocurrir si sacamos los pies del tiesto.

Callando a unos pocos nos callan a todos.

La llamada Ley Mordaza, la reforma del Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal son claros ejemplos de la represión a la que nos han sometido los gobiernos de Mariano Rajoy, el mejor discípulo de Manuel Fraga.

Nos ha retrotraído a una época gris que creíamos finiquitada.

Ciertas actuaciones de la Audiencia Nacional, (antiguo Tribunal de Orden Público) como aplicar el delito de enaltecimiento de terrorismo a formas de expresión que se les antojan ofensivas, nos han hecho vivir situaciones de auténtica vergüenza y esperpento que nos sitúan en un contexto de etapas preconstitucionales.

Pedro Sánchez prometió derogar la Ley Mordaza, como otras tantas cosas, pero en este caso es exigible e imprescindible que cumpla esa promesa.

Un partido que se llama a sí mismo progresista no se puede permitir mantener una ley que reprime algo tan fundamental en una democracia como la libertad de expresión.

No puede ser cómplice de prácticas dictatoriales. Y nosotros debemos exigirle, desde todos los foros públicos, que lo haga y que lo haga ya.

Quien siembra el miedo domina voluntades, eso siempre lo supo y lo manejó muy bien la derecha española, pero es intolerable que con un Gobierno socialista continuemos siendo reprimidos y silenciados.

Y si el PSOE no deroga de una vez esta maldita ley cabrá preguntarse cuáles son sus verdaderos motivos para no hacerlo.

Podríamos sospechar que quizá, también a ellos les convenga esta ley del silencio y, llegado el momento, sería necesario recordarles su falta de compromiso con las libertades en las urnas.

Protestona