La quiebra de la libertad
Ni tampoco sé de quien es, pero hoy me parece
una afirmación que le va como anillo al dedo para describir lo que está pasando
en España: “La construcción de un país no se puede desligar de la libertad que
se respire en él”.
España es una prisión gigantesca para muchos
catalanes.
Da igual que otros muchos piensen que la
represión contra los independentistas es la mejor solución para parar la ola
soberanista.
El tsunami que lleva casi una década agitando
Catalunya no va a retroceder con encarcelamientos, exilios, multas, inhabilitaciones
o expedientes disciplinarios, que es lo que se propone el PP con el silencio y
colaboración cómplice de la izquierda.
La libertad está amenazada en España, se den
cuenta o no los patriotas de izquierda.
Y lo está cuando un juez se atreve a justificar
mantener en prisión a alguien simplemente porque no reniega de sus ideas
políticas.
Ser independentista, catalán —o vasco o
canario o de donde sea— no es, hasta lo que yo sé de leyes, un delito en
España.
Si lo fuera, supongo que los partidos
independistas estarían ilegalizados.
El 28 de marzo de 2003, el Tribunal Supremo
notificó la sentencia que ilegalizaba a Batasuna, Euskal Herritarrok y
Herri Batasuna, y ordenaba el cese inmediato de sus actividades.
Se cerraba así el proceso puesto en marcha el
26 de agosto de 2002, cuando el Congreso instó al Tribunal Supremo a que dejara
fuera de la ley al partido independentista vasco.
Pero los motivos planteados por la Fiscalía
General del Estado para pedir la ilegalización de Batasuna y de las demás
formaciones abertzales no se referían a su independentismo, sino que la
justicia española les consideraba el brazo político de ETA: “Los partidos
políticos Herri Batasuna (en lo sucesivo, HB), Euskal Herritarrok (en lo
sucesivo, EH) y Batasuna (todos ellos integrantes del denominado “entramado
batasuna”) desarrollan una actuación constante de legitimación y aliento a toda
la actuación delictiva de ETA, incluidos sus atentados (extorsiones, chantajes,
amenazas, coacciones...), de justificación y exculpación de los mismos,
manteniendo su apoyo a las acciones de esta organización terrorista, a las que
complementan y contribuyen a multiplicar sus efectos, fomentando y propiciando
un clima de terror e intimidación tendente a hacer desaparecer las condiciones
precisas para el ejercicio en las Comunidades Autónomas del País Vasco y
Navarra de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas”.
Tarde o temprano el PP
va a querer ilegalizar a los partidos independentistas catalanes.
No
les queda otra para intentar parar al soberanismo catalán
El problema era el terrorismo, que coartaba
la libertad de los vascos, y no si se perseguía la independencia.
El Estado respondió a la quiebra de los
derechos humanos en el País Vasco con la quiebra de la democracia.
Entonces pocos fueron los intelectuales
españoles que rechazaron una ilegalización que no acabó ni mucho menos con el
independentismo vasco.
Recuerdo las certeras palabras de Javier
Ortiz, para quien “la ilegalización de Batasuna no interrumpirá ni poco ni
mucho la actividad de la izquierda abertzale. A cambio, ese clima de acoso
propiciará un cierre de filas que servirá para que los sectores más dogmáticos
del llamado MLNV corten de raíz los debates internos que se estaban produciendo
en esa corriente social”.
Cuando el acoso político traspasa ciertos
límites, el efecto es exactamente el contrario al que se persigue. El PSE-EE,
castigado por los asesinatos, fue incapaz de separarse de una estrategia que ya
anunciaba lo que después se ha visto.
Soy de los que creen que tarde o temprano el
PP va a querer ilegalizar a los partidos independentistas catalanes.
O por lo menos a la facción que no se amanse
con renuncias precipitadas.
No les queda otra para intentar parar al
soberanismo catalán.
Se trata de provocar en Catalunya el mismo
efecto que tuvo en el País Vasco la ilegalización de Batasuna.
Ya saben ustedes: el 26 de
marzo de 2009, en contra de lo prometido en campaña electoral, los 25
parlamentarios del PSE-EE (cinco menos de los obtenidos por el PNV) llegaron a
un acuerdo de investidura con el PP, la tercera fuerza en las elecciones
(que había obtenido 13 parlamentarios).
Entre ambos partidos sumaban 38 de los 75
escaños de la Cámara.
El pacto incluía la cesión de la presidencia
del Parlamento Vasco al PP.
El 5 de mayo, Patxi López fue
investido lehendakari, con el voto
de PSE-EE, PP y UPyD.
Podría parecer un pacto legítimo pero no lo
era, puesto que fue posible por la ilegalización de una parte de la
representación política vasca.
¿Quién quiere ser el Patxi López catalán?
El puesto está muy reñido, porque aspiran a
él Inés Arrimadas, la líder de la derecha españolista en Catalunya, y Miquel
Iceta, el jefe de filas de los socialistas.
Recuerdo un debate en el que participé en
2003, cuando se ilegalizó a Batasuna, en el que mi oponente me lanzó la frase
que entonces utilizaban todos los partidarios de la ilegalización de los
abertzales: “Sin violencia se puede hablar de todo”.
A la vista de lo ocurrido en Catalunya, está
claro que eso no era de ningún modo cierto.
Poner en un programa electoral que uno quiere
la independencia está muy bien siempre y cuando el partido que lo defienda no
sobrepase el 15%.
Cuando los independentistas llegan al 49% y
la posibilidad de separarse de España es real, entonces se acabó la amabilidad
y el pluralismo.
Se acabó la democracia.
Esto está pasando en Catalunya.
La sensación de inseguridad se extiende por
doquier ante la indiferencia de las unionistas.
El PP, presionado por la derecha nacionalista
española, está dispuesto a correr el riesgo que lo que lo que es hoy pan para
los patriotas españoles, puede que sea hambre para mañana.
En España se respira el mismo autoritarismo
que está empañando la democracia en muchos otros países de la Unión Europea.
Lo grave es que lo que el PSOE y Podemos denuncian
en Polonia o en Hungría no quieren denunciarlo en Catalunya.
Agusti Colomines
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