La ley del embudo y los que no se meten con nadie

Es difícil seguir la trama que ha convertido al PP, a su caja B nutrida de la Gürtel, en “la corrupción en estado puro”, como lo definió el ex inspector jefe de la UDEF, Manuel Morocho, hace unos días en el parlamento. 
El investigador policial confirmó la financiación en negro del PP y declaró que Rajoy y la plana mayor del partido cobraron sueldos bajo mano.
Este martes le correspondía declarar en otro caso,  'Los papeles de Bárcenas', y como imputado, al empresario Rafael Palencia al que hemos oído con todo detalle en la Cadena SER contar que entregaba "periódicamente" dinero a los extesoreros del partido a cambio de adjudicaciones. Unos 35.000 euros cada vez. Con sus mordidas, tantos por ciento, y nombres relevantes a colación como Zaplana o Ignacio González. Resulta que luego Palencia no ha declarado porque, según su abogada, sufre un deterioro cognitivo.  
Otra grabación -de La Vanguardia- nos remite  a Zaplana en conversación con Ignacio Gonzalez: "Dice Aznar que hables con Catalá para asegurar el puesto de fiscal jefe en la Audiencia". Gestión que dio el fruto apetecido. Y Catalá, reprobado como ministro de Justicia y en su puesto.


Son nuevas gotas en un tonel que hace tiempo se desborda. Otro ilustre miembro del PP, Francisco Granados, número 2 del PP de Madrid en su día, andaba en otro juzgado intentando que anularan su caso: La Púnica. Con un Guardia Civil que ha declarado –oído en la SER también- que él “se pagaba sus copas, no como otros”. Porque en este trama ha habido cacerías, copas y hasta volquetes de putas, para mangar incluso de adjudicaciones de colegios, según la acusación.
Viendo la marea judicial que se venía encima, el PP, con mayoría absoluta en el Senado, propuso estudiar la financiación del resto de los partidos. Paso previo a enchufar el ventilador de la basura. Relativamente.
Este martes ha comparecido durante escasos 20 minutos, Luis María Linde, gobernador del Banco de España. A puerta cerrada y sin periodistas, por decisión del PP. Debía haber explicado por qué los bancos condonaron una serie de millones de euros -el PP los cifra en unos 40- prestados a PSOE y PSC. Fueron La Caixa, Banco Santander, BBVA y BBK. 
El lunes fue requerido en el Senado Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, quien volvió a negar que estén financiados por Venezuela, tal como acreditan 14 sentencias judiciales en respuesta a demandas. La acusación de peso procedía  del “prestigioso y valiente periodista” – asi fue presentado- Eduardo Inda. Siguiendo la línea de otros medios, El País dedicaba espacio preferente a Monedero. 
Una foto de un tercio de página, en primera plana con el pie “sin novedad en la financiación de Podemos”. No hay novedad, como noticia. Portada que contrasta con la que publicaron tras las declaraciones en el Congreso del exjefe de la UDEF. Ni palabra de sus graves conclusiones sobre el PP. La foto era para Lenin. TVE hizo algo parecido.
Se está desarrollando una intensa actividad judicial y de comparecencias parlamentarias, oculta bajo el sustrato donde se asientan las banderas patrióticas. Pero es tal la mugre, que aflora. Porque los medios concertados –en genial definición que tomo prestada –, la política concertada, siguen lavando al PP.
Lo que sabemos de su corrupción hubieran tumbado a un gobierno en cualquier país que no oliera a lo que huele este. El trabajo esforzado de muchos periodistas que ofrece resultados como vemos – se trunca en las lineas editoriales y en el seguidismo de otros profesionales.
La ley del embudo que se aplica es brutal, un inconmensurable escándalo. “Hacienda cambio el criterio con el que evaluó las cuentas del Ayuntamiento de Madrid”, informa Fátima Caballero en eldiario.es. "El criterio que han adoptado parece estar pensado únicamente para que aparezca un incumplimiento", declaran desde el Consistorio. Cualquiera diría que fue una sucia maniobra política, pero la mayoría no lo dice. Se calla o da la versión del gobierno.  
Vivimos momentos preocupantes en España ante el desinterés de quienes podrían operar cambios, y “restablecer la normalidad”. La ley Mordaza y la Reforma del Código Penal producen los efectos buscados por quien las impulsó –el PP – y los que se comieron el resto de los partidos, con mayor o menor rechazo. Aún recuerdo a un famoso político de una izquierda desunida, decir espera, espera, que ya se arreglará. Hasta en el banquillo, se espera.
Más de 200.000 sanciones se han aplicado en los dos primeros años en vigor de la ley, según datos de Amnistía internacional. Y en ellas, aunque no son mayoría, se encuentra un grueso número de penas que afectan a los derechos de reunión, información y expresión, y cargos por desobediencia o faltas de respeto a las fuerzas de seguridad. Dos años y medio de cárcel pide la fiscalía para una activista que intentaba parar un desahucio y fue sacada a la fuerza por la policía. Leyes de derecha autoritaria. Finalmente la han condenado por delito “de atentado”, según las leyes vigentes, a 6 meses de los que se libra por no tener hasta ahora antecedentes penales y a pagar una cuantiosa -para sus medios- multa. 
Vuelvo a insistir en que se censura ya hasta el humor, se persiguen judicialmente tuits, mientras, por ejemplo, el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González - del PP naturalmente- lleva el rastro de sus operaciones por medio mundo. Desde Irak a Jamaica. Un juez le acusa también de tapar los delitos del Canal de Isabel II en la etapa de Gallardón.
De ese otro prohombre del PP,
Alberto Ruíz Gallardón, que fuera ministro de Justicia y alcalde de Madrid, se han perdido otros 3 informes fundamentales del expediente Lezo. Y no pasa nada. Pasa que algunos fiscales se van por asuntos personales, como el que llevó el caso González, contaba el periodista Ernesto Ekaizer. Todo esto no ocurriría sin el concurso de otros, por acción u omisión. 
Es peligroso informar, hablar y pronunciarse. Sobre todo cuando, por la ley natural de la derechización, corresponde el lado estrecho del embudo.  Y se hace a pesar de todo, aunque con el lastre de constatar cómo cualquier cosa se diluye en aguas turbulentas. 
En España se ha despertado la pasión por la ley y el orden. Por colocar el carrito en su sitio tras depositar la compra en la cinta de la cajera y apartar con desdén el de la persona que no lo ha hecho aún.
Y, a la vez, el encogerse de hombros ante las propias responsabilidades. Yo no me meto con nadie, he oído. Obviando que nuestras acciones en sociedad repercuten sobre otros. Influye sobre otros lo que hacemos y no hacemos. Votar corrupto es meterse con las personas decentes. Apoyar complicidades, es dañar al conjunto. Inhibirse de las injusticias es echar una mano al agresor.
No puede ser cierto que no lo sepan quienes contribuyen a esta situación. Salvo que pensemos que existen personas que no enteran de nada o que no saben a qué atenerse ante el mareante bombardeo de opiniones opuestas. No puede ser cierto que ignoren las repercusiones los que desinforman amparados en quién sabe qué autoexcusas. Quienes establecen paralelismos entre hechos que no están en el mismo plano. Aquí sí que no suman peras y manzanas. Pero es característica de nuestro tiempo la facilidad con la que muchas personas se evaden de sus responsabilidades, no viendo ni la viga en sus ojos. 
España crea y mantiene el secreto a voces de nuestra realidad. No es Macartismo, no es Turquía –aún –, es la España peor, clasista, censora y tramposa.

Rosa Maria Artal

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