Autonomía o dependencia: lo que está en juego en el derecho a reparar.
Pantallas de teléfonos móviles cuyos costes de reparación
se acercan al valor de un terminal nuevo. Software diseñado para bloquear
funcionalidades o inhabilitar el dispositivo cuando identifica piezas de
repuesto no genuinas. Tejidos que, tras pocos lavados, pierden su forma y color
haciendo inviable cualquier arreglo. Auriculares inalámbricos sellados con
pegamento, en los que un simple cambio de batería supone arriesgarse a dañar el
producto. Son historias cotidianas que llevan asociadas una pregunta
recurrente: ¿reparamos el producto o compramos uno nuevo?.
A veces, cuando las cosas se rompen es cuando descubrimos
quién es realmente su dueño. Hoy por hoy, el poder de prolongar su vida útil o
decretar su obsolescencia suele estar en manos del fabricante.
La propiedad de las cosas
Durante la pandemia de covid-19, muchos hospitales y
técnicos biomédicos se encontraron con barreras inesperadas para mantener
equipos críticos en funcionamiento. Desde manuales de servicio difíciles de
conseguir o software de diagnóstico restringidos, hasta presiones legales
contra quienes compartían documentación técnica. No era solo un fallo técnico:
era una arquitectura de control sobre la reparación.
Disputar la propiedad real de los objetos implica definir
democráticamente el derecho a reparar y sus límites. Este derecho no es una
abstracción. Se traduce en demandas muy concretas: acceso a manuales de
servicio, disponibilidad de piezas de recambio a un precio razonable,
posibilidad de usar herramientas de diagnóstico genéricas y el fin de bloqueos
informáticos que penalizan o dificultan la intervención fuera de la red
autorizada de servicio.
Estos conflictos no son teóricos ni excepcionales. Es lo
que denuncia, por ejemplo, el agricultor cuando su maquinaria queda
condicionada a herramientas y autorizaciones disponibles solo a través del
canal oficial. O lo que vive quien cambia la batería de su teléfono y el
sistema muestra un aviso indicando que no puede verificar que la batería sea
genuina, limitando además información como el estado de salud de la batería.
Hágalo usted mismo
Frente a esta lógica ha surgido el movimiento por el
derecho a reparar, que reúne a consumidores, talleres independientes,
colectivos hacedores o makers (una versión tecnológica de la cultura del
“hágalo usted mismo”), agricultores, activistas de los repair cafés (lugares de
encuentro donde voluntarios expertos ayudan a otros a reparar sus objetos) y
organizaciones ecologistas.
Estos grupos parten de posiciones ideológicas, motivaciones
e intereses muy diversos. Lo interesante es que todos llegan al mismo punto por
caminos distintos y hacen las mismas demandas técnicas: acceso a manuales,
piezas, diagnósticos y herramientas.
El movimiento por el derecho a reparar organiza esa
diversidad a través de cuatro marcos interpretativos:
· * Los derechos sobre el consumo
y la propiedad, es decir, de libertad de elección en un mercado competitivo.
· * Un imperativo medioambiental,
la base de una economía circular real.
· * Un acto comunitario de
recuperación de saberes en talleres locales.
· * Una condición para la
innovación abierta: sin acceso a información y herramientas, se bloquea la
capacidad de comprender y mejorar las tecnologías.
Una batalla por la hegemonía
ATTRACT, un proyecto de investigación financiado por el
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Agencia
Estatal de Investigación, y liderado por investigadores de la Universidade de
Vigo, busca comprender mejor el derecho a reparar y sus controversias en el
contexto europeo.
Los resultados preliminares muestran que el conflicto es,
más que una suma de demandas particulares, una batalla por la hegemonía. Por
eso, los avances legislativos en la Unión Europea son pasos cruciales pero frágiles.
El riesgo es que se ofrezcan soluciones formales, como kits de reparación a
precios prohibitivos o documentación deliberadamente críptica, que cumplan la Ley
mientras mantienen el control sobre las cosas.
Entender esta batalla en toda su complejidad es esencial.
No se discute solo sobre tornillos y manuales. Se discute sobre quién tiene la
llave del futuro material. Cuando algo se rompa la pregunta no será solo si
sabe arreglarlo: será también si el modelo económico vigente garantiza el
derecho a intentarlo sin el control y los precios fijados por el fabricante. En
esa respuesta se define el mundo que estamos construyendo: si uno de autonomía
tecnológica distribuida o de dependencia tecnológica administrada.
Javier Lloveras
Júlio J. Conde
Mario Pansera

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