Europa no era el atajo

La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que avala la prisión preventiva de Oriol Junqueras, Jordi Turull y Jordi Sánchez marca un punto de inflexión incómodo.

Por unanimidad, los jueces concluyen que el Estado español no vulneró sus derechos políticos ni la libertad de expresión durante el período de prisión preventiva, y que las restricciones que impidieron hacer campaña, investirse o ejercer la representación parlamentaria estaban justificadas, eran proporcionadas y se fundamentaban en la ley. En otras palabras: Estrasburgo no detecta la arbitrariedad que el relato independentista había situado en el centro del conflicto.

Esta resolución no llega al vacío. Durante los años posteriores a 2017, una parte significativa del soberanismo proyectó la idea de que la justicia española era un edificio carcomido —políticamente influenciado, jurídicamente sospechoso— mientras que Europa aparecía como el cobijo neutral. Era una expectativa intelectualmente comprensible: la arquitectura de los derechos humanos en la UE se ha construido precisamente para corregir exceso estatal. Pero el derecho comparado es menos sentimental de lo que parece. Y hoy, el contraste es evidenciable.

El independentismo había depositado en Estrasburgo una esperanza: si la justicia española se convertía en un muro, Europa le perforaría. Esto no está ocurriendo y erosiona uno de los pilares del discurso independentista, que afirmaba que existía una diferencia esencial y moral entre Madrid y Bruselas.

Un marco jurídico que no compra simplificaciones

Los demandantes señalaban vulneraciones de los artículos 5 y 10 del Convenio Europeo (libertad, expresión) y del artículo 3 del Protocolo núm. 1 (participación política). Sin embargo, el TEDH recuerda que las limitaciones de derechos políticos pueden ser legítimas cuando hay finalidades de orden público y cuando el Estado justifica la necesidad de las medidas con criterios de proporcionalidad. Esto es importante: la sentencia no dice que España fuera ejemplar, sino que no traspasó los límites que activa la tutela europea.

Este matiz jurídico es el que a menudo se ha obviado en el debate público. Las instituciones europeas no intervienen para que una decisión sea discutible –sólo lo hacen cuando es incompatible con el esqueleto esencial de derechos.

La resolución no afecta directamente al estatus de Carles Puigdemont y al resto de exiliados, pero empeora su clima. En la lucha internacional, el derecho opera por acumulación de casos, no por explosiones repentinas. Si el TEDH concluye que no hubo vulneración de derechos políticos durante la prisión preventiva, entonces la hipótesis de una persecución política estructural queda más debilitada. Y esto limita el margen para impugnar órdenes europeas de detención, para argumentar denegaciones de entrega o para reforzar la idea de que el regreso debía estar protegido por un paraguas europeo.

Lo que viene de Luxemburgo

Es en Luxemburgo -en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)- donde se está disputando la batalla decisiva: el alcance de la amnistía, la interpretación de la malversación europea, las inmunidades parlamentarias. La vista de julio mostró un delicado escenario: la Comisión Europea insinuó dudas sobre determinados supuestos de la amnistía, sobre todo cuando impacta en intereses financieros de la Unión. El dictado definitivo puede condicionar la vuelta de dirigentes exiliados y establecer jurisprudencia sobre límites de indultos colectivos. Si Luxemburgo pone condiciones estrictas, la vía que algunos daban por ganada se convertirá en un laberinto.

Y, sin embargo…

Pero que Estrasburgo avale actuaciones concretas de España no anula el debate sobre los derechos colectivos. El derecho de autodeterminación -como principio democrático para pueblos con voluntad sostenida- no se borra para que el TEDH no aprecie vulneración en una medida procesal. Tampoco se borra el hecho de que miles de ciudadanos catalanes querían simplemente votar. En este terreno, la causa sigue exigiendo una respuesta política y no policial. Del mismo modo, los derechos individuales de personas perseguidas por canalizar la voluntad popular merecen garantía y tratamiento proporcional. Un movimiento democrático no necesita un relato martirológico para defender esto.

La lección, por tanto, es menos amarga de lo que parece. Europa no es amiga ni enemiga: es una estructura jurídica conservadora con ecos democráticos. El soberanismo tendrá que aprender a operar dentro de esa tensión, no contra ella.

Guillem Pujol