UN INFORME EDITADO POR EL CSIC DICE QUE LA PROPUESTA ES INVIABLE
Los privilegios del Concierto vasco a Cataluña costarían 16.000 millones al resto de CCAA
Un hipotético Concierto económico entre Cataluña y el Estado no sería, en ningún caso, un juego de suma cero. Al contrario. Tendría efectos muy importantes -casi devastadores- sobre las finanzas del resto de comunidades autónomas.
En concreto, según un estudio publicado por el CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) la equiparación de Cataluña con el País Vasco en términos de financiación por habitante “exigiría unos recursos adicionales de más de 16.000 millones de euros que habría que detraer del resto de las comunidades del régimen común”.
¿Cuánto supone eso sobre la financiación total de las regiones? Pues nada menos que significaría reducir en más de un 12% los fondos autonómicos.
El estudio ha sido realizado por el economista Ángel de la Fuente, uno de los mayores expertos del país en financiación autonómica, y está editado por el Instituto de Análisis Económico. Su principal conclusión es que la propuesta de Pacto Fiscal con España no es viable ni política ni económicamente.
Básicamente porque comportaría una reducción sustancial de la financiación del resto de las comunidades autónomas que sería muy difícil “vender” en el resto de España. Al tiempo, supondría “el suicidio político de cualquier Gobierno central que la aceptase”. De la Fuente introduce un matiz. Según sus cálculos, y puesto que el nivel de renta catalán es inferior al vasco, es probable que los rendimientos del sistema de concierto no fuesen tan elevados.
Valoración de las competencias
Aún así, tomando como referencia la valoración de las competencias estatales no transferidas al País Vasco que se hace en la última ley quinquenal del cupo (año 2007), su estimación es que “un sistema de concierto a la vasca habría incrementado la financiación neta de Cataluña en 2007 en algo menos de 11.000 millones”, lo que todavía implicaría una reducción del 8% en la financiación del resto de las regiones españolas. Ahora bien, si las competencias estatales se valorasen correctamente, la ganancia neta de financiación para Cataluña derivada de la adopción del Concierto se reduciría a unos 1.000 millones, lo que supone un 5% de la financiación observada de la región con el sistema entonces vigente.
En su opinión, lo que discrimina no es el Concierto, sino la valoración de las competencias., que históricamente se han hecho bajo presión del nacionalismo por su influencia en la estabilidad parlamentaria. Tan asombrosa diferencia se debe, según De la Fuente, a que las reglas de valoración de competencias contenidas en el Concierto económico son enormemente generosas para el País Vasco. Según sus estimaciones, el régimen foral dispone de una financiación adicional de 4.500 millones de euros respecto de lo que correspondería en caso de que el Cupo -lo que el País Vasco paga al Estado- se hiciera con criterios razonables. El hecho de que las regiones forales estén exentas de financiar la solidaridad interregional (enunciada en la Constitución) le supone al País Vasco, por ejemplo, unos ingresos extras de 1.790 millones de euros.
Igualmente, la valoración del resto de las competencias estatales no transferidas al País Vasco “está enormemente sesgada a la baja”. Y por este concepto, la comunidad autónoma se ahorra 1.740 millones. Otros 950 millones salen con los cálculos que se hacen a la hora de valorar el IVA y que, según De la Fuente, se hacen con criterios “desfasados” que no recogen el peso del País Vasco en el consumo nacional y en la base del impuesto.
El caso de Navarra es muy similar al vasco. Subvenciones al País Vasco Un reciente informe publicado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) iba en esa línea, y su conclusión era que las regiones españolas del régimen común -todas salvo las que se benefician de un sistema foral- ‘subvencionan’ cada año al País Vasco en 1.820 millones de euros debido al cálculo que hace el Estado sobre la recaudación por IVA. Cataluña, Madrid y Andalucía son, con diferencia, las comunidades autónomas más perjudicadas por el procedimiento.
En todos los casos, por encima de los 300 millones de euros anuales que se transfieren de forma ilegítima respecto de lo que en realidad correspondería si se aplicará la norma según lo recaudado. Con más de cien millones de euros de aportación adicional y menos de 200 millones aparecen Castilla y León, Galicia y la Comunidad Valenciana. El resto de regiones aporta menos de 100 millones al País Vasco sin ninguna contraprestación.
En el estudio del investigador del CSIC, la rebaja en la aportación de los territorios forales a la caja común del Estado explica por qué éstos disfrutan de una financiación por habitante (medida en términos de competencias homogéneas) superior en un 60% a la media de las regiones de régimen común a pesar de contar con una normativa fiscal que “tradicionalmente ha sido algo más laxa (especialmente en lo que afecta a los impuestos de sociedades y sucesiones).
También explica por qué, pese a tratarse de dos de las regiones españolas de mayor renta per cápita, tanto el País Vasco como Navarra presentan un saldo fiscal positivo. Según sus palabras, esto significa que ambas comunidades “están siendo subvencionadas por territorios que en promedio son más pobres”.
Y entre estos está Cataluña, cuya contribución a tal “subvención” rondaría los 1.000 millones de euros. De la Fuente considera que el sistema foral en sí “no es un buen sistema, aunque podría ser soportable como una anomalía restringida a una pequeña parte del territorio español”. Pero sin que pueda generalizarse. Su opinión está en línea con lo escrito recientemente por Antoni Zabalza, antiguo secretario de Estado de Hacienda, y que, como tal, negocio los primeros modelos de financiación autonómica en nombre del Gobierno socialista de Felipe González. En su opinión, el sistema de concierto es una anomalía en el panorama del federalismo fiscal. Sin embargo, se pregunta, ¿por qué lo tienen el País Vasco y Navarra, sin que ello suponga un descalabro para España? La razón, en su opinión, es la relativamente pequeña dimensión de las dos comunidades forales. Entre las dos, utilizando datos de 2010, representan un 8% del PIB español. Cataluña representa el 18,6%. Restar al Gobierno español un 8% de la autonomía fiscal que debería tener es “un mal soportable”, asegura. Restarle cerca del 27% “sería muy preocupante”. Si el sistema de concierto, concluye, se generalizara, “restarle el 100% sería una irresponsabilidad”.
¿Cuánto supone eso sobre la financiación total de las regiones? Pues nada menos que significaría reducir en más de un 12% los fondos autonómicos.
El estudio ha sido realizado por el economista Ángel de la Fuente, uno de los mayores expertos del país en financiación autonómica, y está editado por el Instituto de Análisis Económico. Su principal conclusión es que la propuesta de Pacto Fiscal con España no es viable ni política ni económicamente.
Básicamente porque comportaría una reducción sustancial de la financiación del resto de las comunidades autónomas que sería muy difícil “vender” en el resto de España. Al tiempo, supondría “el suicidio político de cualquier Gobierno central que la aceptase”. De la Fuente introduce un matiz. Según sus cálculos, y puesto que el nivel de renta catalán es inferior al vasco, es probable que los rendimientos del sistema de concierto no fuesen tan elevados.
Valoración de las competencias
Aún así, tomando como referencia la valoración de las competencias estatales no transferidas al País Vasco que se hace en la última ley quinquenal del cupo (año 2007), su estimación es que “un sistema de concierto a la vasca habría incrementado la financiación neta de Cataluña en 2007 en algo menos de 11.000 millones”, lo que todavía implicaría una reducción del 8% en la financiación del resto de las regiones españolas. Ahora bien, si las competencias estatales se valorasen correctamente, la ganancia neta de financiación para Cataluña derivada de la adopción del Concierto se reduciría a unos 1.000 millones, lo que supone un 5% de la financiación observada de la región con el sistema entonces vigente.
En su opinión, lo que discrimina no es el Concierto, sino la valoración de las competencias., que históricamente se han hecho bajo presión del nacionalismo por su influencia en la estabilidad parlamentaria. Tan asombrosa diferencia se debe, según De la Fuente, a que las reglas de valoración de competencias contenidas en el Concierto económico son enormemente generosas para el País Vasco. Según sus estimaciones, el régimen foral dispone de una financiación adicional de 4.500 millones de euros respecto de lo que correspondería en caso de que el Cupo -lo que el País Vasco paga al Estado- se hiciera con criterios razonables. El hecho de que las regiones forales estén exentas de financiar la solidaridad interregional (enunciada en la Constitución) le supone al País Vasco, por ejemplo, unos ingresos extras de 1.790 millones de euros.
Igualmente, la valoración del resto de las competencias estatales no transferidas al País Vasco “está enormemente sesgada a la baja”. Y por este concepto, la comunidad autónoma se ahorra 1.740 millones. Otros 950 millones salen con los cálculos que se hacen a la hora de valorar el IVA y que, según De la Fuente, se hacen con criterios “desfasados” que no recogen el peso del País Vasco en el consumo nacional y en la base del impuesto.
El caso de Navarra es muy similar al vasco. Subvenciones al País Vasco Un reciente informe publicado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) iba en esa línea, y su conclusión era que las regiones españolas del régimen común -todas salvo las que se benefician de un sistema foral- ‘subvencionan’ cada año al País Vasco en 1.820 millones de euros debido al cálculo que hace el Estado sobre la recaudación por IVA. Cataluña, Madrid y Andalucía son, con diferencia, las comunidades autónomas más perjudicadas por el procedimiento.
En todos los casos, por encima de los 300 millones de euros anuales que se transfieren de forma ilegítima respecto de lo que en realidad correspondería si se aplicará la norma según lo recaudado. Con más de cien millones de euros de aportación adicional y menos de 200 millones aparecen Castilla y León, Galicia y la Comunidad Valenciana. El resto de regiones aporta menos de 100 millones al País Vasco sin ninguna contraprestación.
En el estudio del investigador del CSIC, la rebaja en la aportación de los territorios forales a la caja común del Estado explica por qué éstos disfrutan de una financiación por habitante (medida en términos de competencias homogéneas) superior en un 60% a la media de las regiones de régimen común a pesar de contar con una normativa fiscal que “tradicionalmente ha sido algo más laxa (especialmente en lo que afecta a los impuestos de sociedades y sucesiones).
También explica por qué, pese a tratarse de dos de las regiones españolas de mayor renta per cápita, tanto el País Vasco como Navarra presentan un saldo fiscal positivo. Según sus palabras, esto significa que ambas comunidades “están siendo subvencionadas por territorios que en promedio son más pobres”.
Y entre estos está Cataluña, cuya contribución a tal “subvención” rondaría los 1.000 millones de euros. De la Fuente considera que el sistema foral en sí “no es un buen sistema, aunque podría ser soportable como una anomalía restringida a una pequeña parte del territorio español”. Pero sin que pueda generalizarse. Su opinión está en línea con lo escrito recientemente por Antoni Zabalza, antiguo secretario de Estado de Hacienda, y que, como tal, negocio los primeros modelos de financiación autonómica en nombre del Gobierno socialista de Felipe González. En su opinión, el sistema de concierto es una anomalía en el panorama del federalismo fiscal. Sin embargo, se pregunta, ¿por qué lo tienen el País Vasco y Navarra, sin que ello suponga un descalabro para España? La razón, en su opinión, es la relativamente pequeña dimensión de las dos comunidades forales. Entre las dos, utilizando datos de 2010, representan un 8% del PIB español. Cataluña representa el 18,6%. Restar al Gobierno español un 8% de la autonomía fiscal que debería tener es “un mal soportable”, asegura. Restarle cerca del 27% “sería muy preocupante”. Si el sistema de concierto, concluye, se generalizara, “restarle el 100% sería una irresponsabilidad”.
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