Diálogo y dignidad


No hubo violencia cataclísmica como predecía la derecha para el 21 de diciembre.
En cambio se abrió un diálogo entre el presidente del Gobierno español y el presidente de la Generalitat, aunque los términos de ese diálogo están rodeados de confusión y desconfianza.
Pero el diálogo es fundamental para encontrar un espacio de convivencia sin el cual ni Catalunya ni España podrán vivir sin sobresaltos.
Ahora bien, también se comprobó que el diálogo es una condición necesaria pero no suficiente. Porque no vale cualquier solución. No valen acuerdos que no respeten la dignidad de Catalunya como nación y de una parte mayoritaria de su ciudadanía.
Recordemos que en la base del conflicto hay una humillación sentida por millones de catalanes tras años de decepción, manipulación e imposición por parte del Gobierno español.
Me consta personalmente la sinceridad de Pedro Sánchez en su empeño. Y su habilidad y determinación para superar la violenta oposición de una derecha cerril, que ahora ya incluye a Ciudadanos junto al neofranquismo de Vox, dispuesta a recentralizar España.
Pero su tarea es aún más difícil porque no bastarán transferencias, mejoras de infraestructura o blindaje de competencias, por ejemplo en materia de enseñanza. Hará falta un reconocimiento formal (pero ¿de qué forma?) de la identidad nacional catalana.
Se han iniciado gestos simbólicos en esa dirección, tales como el reconocimiento a Tarradellas y la condena del pseudojuicio y asesinato de Companys. Pero el resquemor creado por la represión histórica del Estado español es demasiado profundo para que calen estos gestos.
Tiene razón Sánchez al decir que se tardará años en construir una nueva relación entre las dos naciones, de modo que emerja ese Estado plurinacional que corresponde a nuestro recorrido histórico.
Y en ese tiempo, en ese necesariamente largo recorrido, pueden producirse obstáculos insalvables. El más inmediato, que la derecha reconstruida por Aznar gane una mayoría parlamentaria.
Si eso sucediera, podemos estar seguros de la aplicación inmediata y permanente del 155, con cancelación de la autonomía (no sólo de Catalunya) y la ocupación para-militar del territorio catalán.
Claro que el pacifismo profundo del independentismo (desobediencia civil no es violencia excepto en las mentes ideologizadas de algunos jueces) evita y evitará la confrontación armada.
Pero la nueva imposición del autoritarismo del Estado español destruiría la convivencia. Por eso no hay otra que dialogar hasta encontrar un encaje entre los múltiples imperativos de una nueva institucionalidad.
Y para dar tiempo a ese diálogo tiene que haber una alianza táctica entre independentismo catalán y reformismo español para evitar un gobierno de la derecha nacionalista española.
Que pasa, por ejemplo, por la aprobación de presupuestos negociados y por una moderación en la expresión de las divergencias que existen y existirán entre los dos proyectos.
En un contexto dramático del surgimiento de una derecha extremista en Europa, la cooperación democrática entre España y Catalunya es la primera exigencia para detener nuestra auto-destrucción.
Claro que el independentismo se niega a renunciar a ahora a la república catalana, cuando la idea se ha arraigado en millones de personas. Y como mínimo exigen votar.
Y es que el derecho a decidir es la opción ampliamente mayoritaria en Catalunya, a diferencia de la independencia, que divide a la ciudadanía. Pero ese referéndum a la escocesa no tiene, y difícilmente tendrá, un consenso mínimo en la población española para su celebración.
Por lo que el bloqueo de las partes en litigio puede conducir a un diálogo estéril.
Ahora bien, ¿es realmente una quimera llegar a ese referéndum y, a través de él, a una solución de independencia confederada?
Desde hace tiempo he venido recordando las experiencias históricas de reconfiguración de las instituciones del Estado nación, disociando el Estado de la nación.
Tal y como ocurrió no sólo en el proceso traumático de los Balcanes en los años noventa, sino en el ejemplar divorcio mediante el cual se produjo la separación entre Suecia y Noruega a principios del siglo XX.
Y afirmé, y sigo afirmando, que en una perspectiva histórica nada detiene la constitución de una nación cuando la inmensa mayoría de la ciudadanía está determinada a construir un nuevo Estado concorde con su identidad.
Pero ahí esta el quid de la cuestión.
No hay esa gran mayoría en la ciudadanía catalana. Y ni siquiera está claro que haya una mayoría, a tenor del voto en las últimas elecciones catalanas.
El obstáculo esencial para la independencia no es el Estado español ­sino la división entre catalanes. Por eso no hay apoyo de la Unión Europea al proyecto independentista.
Quienes quieran transformar el sueño en realidad histórica tienen que aceptar la lentitud e incertidumbre de la construcción de la hegemonía nacionalista en una mayoría significativa de la población. Lo cual requiere no sólo diálogo, sino tiempo y etapas institucionales intermedias.
Mientras que desde la perspectiva española, a menos de instalarse en la insostenible militarización de Catalunya (que, eso sí, sería inaceptable en Europa), el mantenimiento de la unidad del Estado en la diversidad y la dignidad sólo sería posible aceptando el desafío y conquistando la hegemonía del proyecto de una España multinacional en el corazón y las mentes de la población de Catalunya.
Ese es el desafío que ambos tienen: debatir democráticamente con la ­ciudadanía e ir traduciendo los resultados de ese debate en cambios institucionales que podrían llegar a un Estado confederal español o a una república catalana pactada, según como se den las cosas.
Lo cual requiere tiempo, diálogo, inteligencia y tolerancia.
¿Un sueño ingenuo?
Prefiero pensar que es una expresión obligada de seny y sensatez. Porque la alternativa es un conflicto permanente que podría degenerar en violencia y en todo caso pudriría nuestras vidas.
Manuel Castells

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